El presunto hecho de corrupción, que habría arrojado descubrimientos fiscales superiores a los $55 mil millones, fue calificado por el gobernador como un atentado contra la educación y la niñez magdalenense.
El gobernador, Carlos Caicedo, ponderó la labor de investigación que adelantó la Contraloría General de la República en materia de conectividad digital en las Instituciones Educativas de seis departamentos del país, incluyendo a Magdalena, cuyas pesquisas arrojaron los hallazgos fiscales por 55 mil 195 millones de pesos.
Con base en ello, el mandatario departamental solicitó al ente de control indagar más a fondo para esclarecer este presunto hecho de corrupción, teniendo en cuenta que se dieron hallazgos por pagos de servicios no prestados; es decir, la Contraloría verificó a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio. Por ejemplo, en Magdalena, en el contrato 1929 de 2015, se acordaron 34.560 megas y se dejaron de entregar 17.576, un poco más de la mitad, lo que le costó al Sistema General de Regalías unos 2 mil 321 millones de pesos, hecho que fue calificado por el gobernador como un atentado contra la educación y la niñez del departamento.
Según el contrato 1929 de 2015, en Magdalena se pagaron 34.560 megas, sin embargo, sólo fueron entregadas 16.984, menos de la mitad.“Los hallazgos fiscales encontrados por la Contraloría en los contratos de conectividad de colegios en el Magdalena, constituyen un atentado no sólo contra los bienes públicos y los recursos de regalías, sino también contra los niños más vulnerables y el sistema educativo. Instamos a que se haga una investigación profunda y concentrada en cada municipio, con miras a determinar que lo que se contrató se le esté ofreciendo a la comunidad educativa, dado que en Magdalena se halló que se entregaron menos megas de internet de las que estaban contratadas”, señaló la máxima autoridad departamental.
Así mismo, el gobernador manifestó que se debe ampliar la investigación para determinar con claridad si se dotó de nuevo de conectividad a instituciones educativas que ya contaban con este servicio a través del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones durante la vigencia 2015.
“Estaremos atentos de los avances investigativos y de las futuras sanciones que hagan los entes de control”, concluyó Caicedo.
