Esta situación de endeudamiento tiene al municipio cerca de entrar a la Ley 550, problemática que registra antecedentes desde 1997, tiempo en que se generó la mayor deuda que hoy en día tiene en apuros económicos a la población.
Un enorme pasivo exigible que alcanza los 40 mil millones de pesos, ha generado un estado alerta que tiene al municipio El Banco a punto de entrar a la Ley 550. Parte de la deuda proviene de una demanda interpuesta por un grupo de docentes que acusaron al entonces alcalde, Luis Fernando Vanegas, de despedirlos de manera injustificada en el 2001.
La acción legal fue promovida por 13 de los 92 maestros despedidos y en el 2008 el veredicto final falló a su favor por la suma de 10 mil millones de pesos, que, al día de hoy, no ha sido cancelada.
Por lo anterior, el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta embargó las cuentas del municipio en una medida que obligaría a pagar la deuda, incluso luego de que el alcalde vigente, Víctor Rangel, hubiese conseguido detener esta operación apoyado con la Agencia Jurídica del Estado.
Según explica Rangel, la deuda de los docentes se suma a un pasivo más grande de $30 mil millones que ha estado consumiendo más del 33 por ciento del dinero que recibe el municipio a través del Sistema General de Participación, debido a que es un hecho confirmado por el Tribunal.
“A nosotros nos toca pagar y lo más salomónico es que se intervenga a la ley de reestructuración porque este es un pasivo insostenible”, explicó el mandatario, pidiendo a los órganos de control que sea hallados los responsables de esta situación en lo que es expuesta ante Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.
¿Qué es la Ley 550?
Conforme a lo estipulado por la Constitución Política de Colombia, la Ley 550 o ‘Ley de quiebras’, instituye “la intervención del Estado en la economía, con el fin de promover la reactivación y el empleo, mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultades para atender sus obligaciones pecuniarias y que, no obstante, se consideren económicamente viables”.
Es decir, fue una estrategia generada para salvaguardar a las organizaciones o entidades que pudieran encontrarse en crisis económica y que, seguidamente, es aplicada para dilatar la problemática entre deudores y acreedores.
