El abogado Miguel ‘El Mono’ Martínez, interpuso una demanda -que fue admitida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta- contra la Alcaldía Distrital para que sean retiradas las placas que tienen los nombres de alcaldes de la última década en obras públicas.
El ‘Mono’ Martínez se basa en los mismos argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal del Atlántico en el caso de la placa del Túnel de la Línea que tenía el nombre del presidente Iván Duque, para buscar que se quiten los nombres de Carlos Caicedo, Rafael Martínez e incluso la propia alcaldesa actual, Virna Johnson en obras públicas.
El demandante interpuso acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Santa Marta, representada legalmente por la alcaldesa, Virna Lizi Johnson, con el fin de que se le dé plena aplicación a las normas que relaciona, las cuales han sido, según el accionante, incumplidas por esta autoridad encargada de su ejecución.
Miguel Martínez sustenta su demanda con base en el Decreto 2759 de 1997 Artículo 1º y el artículo quinto (5o) del Decreto 1678 de 1958 que manifiesta: "Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y alcaldes quedan encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales. Igualmente, prohíbase la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.
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El accionante aduce que en Santa Marta en la última década se han colocado placas destinadas a recordar la participación de Caicedo, Martínez y Johnson en obras como la de la avenida Santa Rita (calle 22) con avenida Campo Serrano (carrera 5ta), la vía Tamacá tramo 11, en los escenarios deportivos de la Villa Olímpica, en el estadio Sierra Nevada, puestos de salud de Taganga, La Paz y Bastidas, en el Boulevard de las Rosas y al solicitarle a la Alcaldía el retiro de las mismas, respondieron, según el demandante, incoherencias sobre la procedibilidad de la acción constitucional, pero “no dijeron nada de fondo y congruente con lo solicitado”.
Verificados los presupuestos de ley en esta acción, el Despacho considera que lo procedente es darle trámite al proceso, por cuanto fueron satisfechos los presupuestos y requisitos que se requieren para su presentación en el marco de la Ley 1437 de 2011, la Ley 393 de 1997 y del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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