La entidad evalúa denuncias y reclamos para establecer si se incumplió la regulación frente a la medición del consumo y facturación en servicios de energía, acueducto y alcantarillado.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició averiguaciones preliminares contra 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país, con el fin de establecer si se presentaron regularidades en la medición de consumos y facturación de los servicios durante la cuarentena por Covid-19.
De acuerdo con la superintendente, Natasha Avendaño García, “Estas indagaciones preliminares se iniciaron como resultado de quejas y reclamos sobre cobros en las facturas presentados por usuarios, autoridades y congresistas, entre otros dirigentes. Nuestra gestión en esta etapa es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio”.
En la etapa de averiguación preliminar, la superintendencia deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si las empresas incumplieron la regulación o si estaban amparados en alguna norma o disposición legal. “Es importante precisar que, en cumplimiento del debido proceso establecido por ley, este procedimiento es una primera fase; en la que buscamos determinar si hubo acciones contrarias a la normatividad legal vigente por parte de los prestadores, para dar paso a investigaciones administrativas que puedan terminar en sanciones”, indicó la funcionaria.
En la lista de prestadores a los que se inició averiguación preliminar se encuentra Enel – Codensa sobre la que se recibieron al menos 9.000 reclamos y denuncias de usuarios contra la empresa que presta sus servicios en Bogotá y en algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.
Otras 8 empresas operan en ciudades capitales: Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas de Manizales, Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Acueducto y Alcantarillado de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare.
Las restantes 10 prestan sus servicios en municipios intermedios como la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial del Estado de Miranda (Cauca), Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander), Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia), Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima). Aguas de Puerto Wilches (Santander). Aguas Manantiales de Pácora (Caldas). Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba), Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare) y Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca).
Estas indagaciones preliminares se suman a las tres iniciadas la semana pasada contra Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe.
