Los avances logrados tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Entidad Social del Estado, el agente especial delegado para administrarla, Román de la Rosa Montenegro, los muestra a través de un informe.
Ad portas de cumplirse un año de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la ESE Alejandro Próspero Reverend, tras las constantes denuncias por la precaria prestación de los servicios médicos, las deudas, además de los casos de presunto detrimento patrimonial en los recursos manejados por la Empresa Social del Estado, el agente especial interventor delegado para administrarla, Román De la Rosa Montenegro, da a conocer a EL INFORMADOR el antes y el después de esta entidad a través de un informe.
En materia financiera, en la entidad existía una deuda por $983 millones por concepto de sueldo y prestaciones sociales a los 178 trabajadores de planta, $5.085 millones a 466 contratistas y a bolsas de empleo $1.111 millones, sumando un total de $7.179 millones. A la fecha existen 183 trabajadores de planta, a los que se adeuda $1.867 millones y el interventor explica que se disminuyó de 466 a 257 contratistas. La deuda que existe hasta marzo de este año es de $6.339 millones producto del reconocimiento de las cesantías vigencia 2019.
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De la Rosa mostró en su informe que, en julio del año pasado, antes que llegara al cargo, no existía un plan para el mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de cómputo e impresión ubicados en las unidades de salud. Tampoco había un cronograma y seguimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura en cuanto a redes hídricas, eléctricas y de refrigeración, entre otras fallas como los ascensores de la clínica La Castellana y el del centro de salud de La Paz. Todo lo anterior ya se encuentra solucionado según el funcionario.
Por otra parte, no había información clara de los inventarios de medicamentos, por falta de control de ingreso y despacho en las unidades y que no tenían un stock suficiente para estos. A la fecha ya existe una reorganización de los inventarios, un seguimiento y control de los mismos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos en las diferentes unidades. Sin embargo, aún existen falencias por remediar como es el inventario de activos fijos y equipos de la ESE, situación que llevó a De la Rosa a contratar una empresa especializada para levantar el inventario y generar estados financieros razonables.
El funcionario en enero de este año dio a conocer ante el Concejo de Santa Marta sobre las 25 ambulancias que aparecen en la base de datos de la ESE y que actualmente solo hay 19. Además, dijo que de las 19 ambulancias solo seis están funcionando para la zona urbana y rural porque el resto estaban dañadas.
Recuperación de la cartera
De la Rosa también expuso ante los cabildantes que el presupuesto de la ESE para la vigencia 2020 es de $33.700 millones, de los cuales $21.000 millones están destinados al pago de personal de planta y contratistas. Ahora en el actual informe, muestra que, con recursos propios producto de la mejora en el flujo de caja y recuperación de cartera, se ha logrado abonar a impuestos la suma de $662 millones, al igual que logros importantes en la recuperación de cartera por valor de $1.925 millones correspondientes a EPS Coosalud, $843 millones en compra de cartera y al inicio de la vigencia $588 millones para la población migrante.
Procesos judiciales
También dijo que cuando llegó a la toma de posesión existían 51 procesos en contra de la entidad, de los cuales 33 procesos judiciales cursaban sin representación a pesar de la existencia de siete abogados contratados y a pesar de ello, no se tenía claro el valor de las contingencias judiciales a pagar, ni tampoco tenían activado el comité de conciliación en virtud del Decreto 1716 del 2009 del 2009.
Por todo lo anterior, encontró reportados 85 procesos judiciales y que de esos hoy existen 22 procesos con fallo en firme para reconocimiento de pago por parte de la ESE, por un valor superior a $3.600 millones de pesos.
“La ESE reactivó el Comité de Conciliaciones, en virtud del Decreto 1716 del 2009 y debe recuperar 31 títulos judiciales por un valor superior a $18 millones. Ya se encuentra en etapa de legalización los predios que se encuentren en propiedad de la ESE”, dice el informe.
El agente interventor garantizó que con estos avances se ha logrado un equilibrio presupuestal con base en la facturación, garantizando la operación corriente de la entidad, sin embargo, dice que se debe continuar con la representación legal y la defensa de los procesos judiciales.
El funcionario también mencionó que se debe articular con el área financiera el valor total de la contingencia judicial y las probabilidades de pérdida de los diferentes procesos que cursan en contra de la entidad, al igual que legalizar los predios de los puestos de salud que ocupa la ESE y que aún se encuentran sin resolver.
Contra la Covid-19
La adopción de lineamiento del Ministerio de Salud y la Protección Social, se llevó a cabo con la adecuación de 30 camas de aislamiento en la sede La Castellana, implementación de ruta Covid -19, implementación de la teleconsulta a través del call center, la garantía de elementos de protección al personal de la salud en todas la Sedes y la presentación del proyecto de 15 camas de Unidad de Cuidados Intermedios y 20 aislados.
La ESE debe recuperar 31 títulos judiciales por un valor superior a los $18 millones.
