A través de tres oficios, la entidad ha solicitado a los mandatarios mantener el estricto cumplimiento del aislamiento social y aplicar las medidas de asistencia social.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Ambiental y Agriario, envió una serie de misivas al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, para evitar que la población se someta a aglomeraciones que pueden convertirse en foco de contagio y la inclusión de personas dedicadas a las actividades informales en las medidas de asistencia social y económica.
En el primer oficio, enviado el 20 de marzo con el radicado número PJIIAAM-075, cuatro días antes de dar por comenzada la cuarentena nacional y uno antes de la departamental, el órgano de control hace la solicitud directa a los dos gobernantes de incluir en los planes de asistencia a “vendedores ambulantes y/o estacionarios, quienes ofertan servicios al turismo, así como también habitantes de calle entre otra gente” y mayor protección a los adultos mayores del ancianato.
Además, menciona la imposición del confinamiento, al ser el método más recomendado por la comunidad científica internacional y, dada la escasez de agua potable y la insuficiencia del sistema hospitalario, que no cubriría a personas asintomáticas o con sintomatología leve.
Posteriormente, el 25 de marzo, fue remitido el documento PJIIAAM-082, en el que se hacía un llamado de atención, no sólo a Johnson sino también a Jairo Romo, secretario de Salud Distrital en ese entonces, y a Jaime Avendaño, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Ogrid, de Santa Marta, por las multitudes que habían sido identificadas en la entrega de auxilios alimentarios.
“Causa preocupación que el director de Ogrid propicie la entrega de auxilios alimentarios de forma violatoria de las medidas sanitarias tal como ocurrió con la entrega masiva de los mismos enfrente de la Alcaldía Distrital”, se lee en uno de los apartados del oficio, firmado por Jorge Eduardo Escobar Silebi, Procurador 13 Ambiental y Agrario del Magdalena.
El más reciente, con el radicado PJIIAAM-105, fue enviado el 17 de abril al mandatario departamental y en este, el Ministerio Público describe la entrega de ayudas en Pivijay, Aracataca y Ciénaga como eventos masivos que desatendieron las “funciones constitucionales de coordinación y complementariedad establecidas”, ya que desde Santa Marta estaban siendo trasladados funcionarios hasta poblaciones en las que no hay registro de casos de Covid – 19, en vez de realizar trabajos en conjunto con las alcaldías municipales para hacer efectivas las entregas de casa en casa y evitar la exposición al contagio.
“Representan mayores riesgos para las poblaciones que se visitan, pues es claro que existe además un subregistro de la población afectada y una incapacidad institucional en el territorio nacional para diagnosticar al universo poblacional que demandaría la pandemia. Por ello la imperiosa necesidad de cumplir las medidas sanitarias y no propiciar su infracción o atentar contra la salud de los habitantes del departamento”, manifestó el procurador ambiental.
Secretario Distrital de Promoción Social aclara hechos de aglomeración
Andrés Correa, jefe de la Oficina de Promoción Social de Santa Marta, recientemente aclaró que uno de los hechos en el que se registró una asistencia masiva de habitantes, se presentó debido a un problema de comunicación entre los ciudadanos: la Alcaldía citó a una población específica telefónicamente, a distintas horas con el fin de evitar el tumulto, para hacer efectiva la entrega de mercados, sin embargo, la información llegó a oídos de quienes no eran beneficiarios, lo que causó la afluencia indiscriminada de gente.
Para controlar la situación se hizo necesaria la intervención de miembros del Ejército y de la Policía Nacional que, sin hacer uso de la fuerza, lograron despejar del lugar a quienes no estaban incluidos en la base de datos.
