La Contraloría General de la República evidenció debilidad en las funciones de supervisión por parte de la Alcaldía de Santa Marta en las obras de ejecución del Centro de Desarrollo Infantil y la Ludoteca del corregimiento de Bonda, por la falta de rigurosidad y eficiencia de las labores de control y vigilancia de los recursos distritales.
El periodo de gobierno del alcalde Rafael Martínez se cierra con una promesa incumplida para los samarios y, en especial, para el corregimiento de Bonda.
Se trata del Centro de Desarrollo Infantil y la Ludoteca para la comunidad, una obra inconclusa que comenzó en el 2015 y costó más de 2 mil millones de pesos, y que en la actualidad, se encuentra abandonada y deteriorada, pese a que el burgomaestre se comprometió a entregarla en diciembre del 2019.
El panorama en la carrera 15 y 16 entre calles 3 y 4 de Bonda, donde queda ubicada la edificación a medio hacer es desolador, pues desde el 13 de diciembre del 2018 no se mueve ni un bloque en el lugar y todavía no hay fecha exacta de entrega. Mientras tanto, el óxido se apodera de las estructuras metálicas, los paneles se caen a pedazos y el sitio es una cueva para la drogadicción y la maleza.
https://www.youtube.com/watch?v=GWQ6zHDh08c&feature
Por el hecho de que el Centro de Desarrollo Infantil y la Ludoteca, CDI de Bonda, cuyo contrato se firmó hace cuatro años y siete meses y su presupuesto fuera entregado por casi el 90 por ciento para ser terminado en seis meses y luego que los contratistas abandonaran la obra hace un año, fue motivo para que la Contraloría General de la República, CGR, hiciera una visita el 20 de septiembre de este año y verificara que la estructura presenta deterioro, daño y limitación en su uso.
Vista general de la Ludoteca. Como se evidencia en la imagen, únicamente está construida la estructura metálica. La construcción se encuentra expuesta a la manipulación de externos y terceros. La inspección se dio luego que el alcalde encargado del Distrito Andrés Rugeles denunciara ante el ente de control citado, presuntas inconsistencias al notar los atrasos del Centro de Desarrollo Infantil y la Ludoteca, CDI de Bonda.
Rugeles asumió el cargo por al menos cuatro meses, mientras Martínez estuvo preso por presuntas irregularidades en la construcción y remodelación de los puestos de salud en el Distrito. Después, un juez dejó en libertad al burgomaestre electo al no encontrar pruebas suficientes en su contra. Tiempo después, Martínez visitó la obra de Bonda en agosto del año en curso y prometió entregarla al terminar su mandato, pero incumplió.
Son $1.948.488.858 de $2.141.173.927 los que se invirtieron desde comienzos del 2015 en el proyecto, paralelo a otro con el mismo propósito en Ciudad Equidad, pero con una inversión mayor por $4.657.983.855.
Falta de rigurosidad por parte de la Alcaldía
Luego de la visita por parte de la CGR, afirmó debilidad en las funciones de supervisión por parte de la Alcaldía de Santa Marta, debido a la falta de rigurosidad y eficiencia de las labores de control e inspección de la ejecución de los recursos distritales.
La Contraloría al detectar el pago a los contratistas pertenecientes a la Unión Temporal por el Desarrollo Infantil con Equidad, casi que en su totalidad, evidenció que aún no ha sido terminado el proyecto.
Las reiteradas suspensiones de la obra por parte de los contratistas no han permitido que el desarrollo de este centro, el cual beneficiaría a alrededor de tres mil niños, se llegue a dar.
Prueba de ello, está en la debilidad en la planeación contractual por parte del Distrito. Los proyectos contratados y revisados por este ente de control, no cumplieron con su plazo inicial de ejecución, requiriendo prórrogas y suspensiones.
El común denominador de las prórrogas de la obra siempre fue por el “desarrollo de estudios y pruebas a las estructuras metálicas” y “el plazo de ejecución contractual”. (Ver línea de tiempo).
El veedor ciudadano, Edilfonso Orozco, explicó que luego de cuatro años de no ejecutarse la obra, es un ‘elefante blanco’ que sigue creciendo cada día debido a que los órganos de control de la ciudad no han sido efectivos. Por eso “hoy en día los contratistas y el Distrito se burlan de todo esto y de la comunidad. No es posible que se engañe y prometan cosas que no quieren hacer”, afirmó.
Sin licencia de construcción
Dentro de los hallazgos, la Contraloría también evidenció irregularidades en las licencias de construcción. La Alcaldía señaló que sí existe dicho documento, pero la Contraloría al corroborar la información entregada, se percató que no correspondía a la obra de Bonda, sino la de Ciudad Equidad.
“Así la cosas, se evidencia que el proyecto de Bonda no cuenta y no ha contado con licencia de construcción, que autorice el desarrollo de las mismas”, dice el informe de la Contraloría.
El predio del CDI es de la zona comunal
La inobservancia de las normas urbanísticas, en este caso las construcciones desarrolladas en el corregimiento de Bonda, no permitió que se concretara la titularidad del predio donde ejecutaron la obra, pues aparece a nombre de la Junta de Acción Comunal.
La Alcaldía indicó que actuó de buena fe, toda vez que realizó los procedimientos para determinar la titularidad de dicho bien, no obstante, una vez definida la titularidad en cabeza de la JAC del barrio Los Laureles, “se estableció la construcción del inmueble con el compromiso de realizar el traslado del dominio”, que a la fecha no se ha realizado.
Lo que debería estar listo
Los espacios que deberían estar listos son: módulos de baños públicos, bodega, lavandería, oficinas, comedor, caminadores, aulas y ludoteca, pero de estas áreas únicamente se encontró el ‘esqueleto’ de unas estructuras que a la final no son funcionales.
En ruinas
De acuerdo al alcance de la obra, esta debería tener cimentación todo en concreto reforzado, pórticos en acero, pisos, muros, módulos de madera, cubierta, red eléctrica y andenes; sin embargo, EL INFORMADOR hizo un recorrido por el sitio para evidenciar lo que alcanzaron a construir, pero solo se encontraron las ruinas de una estructura metálica sin el tejado y según el contratista, los paneles que existían fueron desinstalados por vándalos.
Lo que llama la atención es la ejecución reportada por la interventoría en agosto del año pasado, en el que decía que estaba en un 64 por ciento, con obras de cimentación, estructura metálica, tuberías sanitarias y eléctricas en algunas zonas, muros tipo panel, rampas y accesos, pero al momento de la visita no es clara la entrega de la obra, pues está a la intemperie y desprotegida sin vigilancia, ni cerramiento, lo que indicaría que está en un porcentaje menor de avance.
Por lo anterior, la CGR evidenció la configuración de un daño al patrimonio público en cuantía, solo con la de Bonda, por $1.948.488.858, por la “pérdida del monto total de los recursos públicos invertidos en obras inconclusas”. Sin embargo, el Distrito argumenta que por no haberse recibido, ni liquidado el contrato, resultó prematuro aseverar la existencia de daño patrimonial al erario público.
El órgano de control insiste de este daño, puesto que reflejó los problemas de falta de planeación y ejecución, los cuales derivan que a la fecha no existe certeza de la culminación real de las mismas. Esta Casa Editorial en varias ocasiones intentó tener comunicación con el actual gerente de Infraestructura (e), Jonathan Nieto y contrarrestar las afirmaciones de la Contraloría sobre la incertidumbre de la terminación del CDI, pero no fue posible.
La conexiones metálicas de la estructura entre columnas y vigas, de manera visual, según la Contraloría, no corresponden a ninguna de las conexiones precalificadas.El papel de los servidores públicos
La Ley 80 de 1993 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la no ejecución del contrato.
En este caso, el interrogante está ¿en dónde quedó la labor de la interventoría? La responsabilidad de los interventores reposa en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, en la que ellos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades.
¿Hay sanciones?
Pero en esta ocasión, a la fecha se desconoce qué ha pasado con las sanciones contra estos servidores públicos, quienes habrían omitido por varios años las irregularidades presentadas en esta obra.
Una promesa incumplida
El alcalde Rafael Martínez, el pasado 1 de agosto de este año, a través de sus redes sociales mostró el CDI y enumerándolo como una de las 400 obras hechas por el Distrito y que por “causas en la Alcaldía”, como él se refirió, la lluvia y el sol deterioraron la estructura, señalando que el contratista deberá responder por los daños. Además afirmó que se dejaron unos $2.700 millones en el presupuesto que amparan unas cantidades que no están en el contrato original y que permitirán habilitar estas obras.
Sin solución financiera
Pero por lo evidenciado por la CGR y considerando que al contratista le han girado el 88 por ciento de los recursos del contrato, es posible que el proyecto requiera nuevas inversiones y que el Distrito no cuente con una solución técnica, jurídica y financiera para su culminación.
Pese al anuncio del burgomaestre en sus redes sociales hace tres meses, cuando dijo que se retomarían los trámites administrativos para agilizar las obras, y se comprometiera a terminar el CDI antes de terminar su mandato, en la actualidad, hoy 9 de diciembre de 2019 el panorama es desolador. ¿Qué pasó?
