Playas están siendo ocupadas ilegalmente por grandes condominios: Contraloría

Las obras realizadas aislaron del contacto con el agua varias plantas de manglar, lo cual está provocando la muerte de una porción de estos importantes ecosistemas.

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Mediante permisos de ocupación de cauce que no cumplen con las especificaciones ambientales pertinentes, se ha permitido la remoción y pérdida de manglares para favorecer la construcción de edificios como Cabo Tortuga, Sierra Laguna y Sierra Beach.


“Grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados en Santa Marta, sin que autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Dadma) adelanten acciones para impedir los perjuicios ocasionados”, así determinó una Actuación Especial adelantada por la Contraloría General de la República.

Los Condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna están entre los que están incurriendo en esta irregularidad, afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino.

También se cuestiona a los constructores del Edificio Sierra Beach Resort, que están produciendo graves afectaciones ambientales por descarga de sedimentos sólidos al lago.

La Contraloría estableció además vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes, cuya lista se revela más adelante.

No hay acciones efectivas para evitar estos perjuicios

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar.

Esta es la principal conclusión de una Actuación Especial adelantada con el objetivo de “evaluar la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona denominada Pozos Colorados, ubicada en jurisdicción del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta – Departamento del Magdalena, con corte a junio de 2017”.

De la Actuación realizada queda claro que las autoridades de territoriales y ambientales no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, para proteger y  restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado el goce de un ambiente sano.



Puede haber responsabilidad penal

La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.

Esta situación llevó a que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitará la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

En oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

Expresó además que estas  ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2), por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el Dadma, como autoridad ambiental y la Dimar.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.

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Ocupantes se han

beneficiado de procesos de recuperación

La Contraloría General constató que pese a que se han llevado a cabo algunos procesos administrativos para la recuperación de los bienes de uso público ocupados por particulares, los procesos correspondientes contienen presuntas irregularidades y, pese a las advertencias que ha hecho la Dimar, han terminado beneficiando a los ocupantes, a quienes  no se les exige la adopción de medidas para la preservación del medio ambiente y realizan vertimientos contaminantes a las aguas marinas, causando daños a la fauna y flora nativas, incurriendo en conductas con presunta incidencia penal.

Para el Contralor Maya Villazón la  situación  descrita, pone de manifiesto la presunta transgresión del ordenamiento penal, que merece la intervención de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que adelante las investigaciones que correspondan en el marco de su competencia, en procura de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, como patrimonio de todos los colombianos.

Dadma, ahora Dadsa,  apoya proceso de investigación de la Contraloría Nacional por ocupación ilegal de playas

Ante las declaraciones entregadas por la Contraloría General de la Nación que indican la ocupación ilegal en algunas playas de la ciudad, el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental-Dadsa, manifiesta su apoyo incondicional y diligente en la investigación que se adelante.

Jaime Avendaño, director del Dadsa, manifestó: “Felicitamos la acción de control que se empezó desde la Contraloría, pues ya era hora que se comenzara hacer un proceso de investigación con el tema de cómo se ha venido realizando la ocupación en zonas de interés ambiental por parte de terceros, dado que esto origina un gran problema para la ciudad”.

Agregó: “Con el tema de la ocupación ilegal de las playas, vemos que todo se origina por la forma en que se están dando las licencias de construcción, miremos el ejercicio que realmente realiza la curaduría urbana ¿Quién otorga el permiso de construcción?  No lo hace el Distrito, no lo hace la autoridad ambiental, lo hace es la Curaduría Urbana, dado que esta cuando otorga la licencia le da la capacidad al inversionista de decir voy a construir en este espacio y de esta forma”. 

Asimismo, Avendaño indicó que en virtud de la forma en cómo se comenzó a desarrollar el proceso de ocupación en zonas de interés ambiental, fue que la autoridad ambiental del Distrito comenzó a crear mecanismos para protegerlas. “El primero de ellos fue la reglamentación para establecer que esa zona es de conservación y preservación, esto se hizo a través de una resolución emitida en el año 2013.  Luego se creó otro mecanismo de control que fue la obligatoriedad de que todo proyecto de construcción que se desarrollara en el Distrito contara con unas medidas de manejo ambiental. La autoridad ambiental ha realizado estricto seguimiento al tema y ha presentado los soportes a su debido tiempo cuando las autoridades de control ha si lo han dispuesto y requerido”.

 “El llamado es para que de manera conjunta invitemos a que la Contraloría también revise el ejercicio de la Curaduría Urbana, al igual que las posiciones que ha tomado la Dimar cuando observa proceso de ocupación en la zona de playa, pues recordemos que ellos son los que se encargas de cuidar y preservar las zonas de espacio público en los frentes costeros”.

El director del Dadsa, se refirió también al caso específico del condominio Cabo Tortuga, señalando que: “En este caso debemos decir que para nadie es un secreto que en su momento la Curaduría otorgó ese permiso, seguidamente la Dimar estableció algunas acciones, pero luego la Invemar con un estudio concluyente determinó que la zona donde se estaba desarrollando el proyecto no era de playa; este dictamen no lo dijo la autoridad ambiental sino el invemar”.

Finalmente, expresó: “Debemos observar la manera en la cual se está direccionando este proceso por parte de la autoridad ambiental que ha si ha venido realizando la tarea, pues la comunidad samaria es conocedora que nosotros somos una autoridad diligente en todos los procesos que pueden genera algún tipo de impacto ambiental en toda la ciudad. Invitamos a que estos procesos se hagan de forma conjunta y reiteramos que estaremos pendientes a cualquier requerimiento que nos hagan los órganos de control”.