La Bancada del Centro Democrático emitió un comunicado en el que anuncia que rechaza el pronunciamiento de la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, quien afirmó que ella y sus colegas están “profundamente alarmados” por lo ocurrido en Cali la noche anterior, “cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”.
#Hilp Mientras dábamos seguimiento a situación de #DDHH #Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 4, 2021
Para el Centro Democrático esas “afirmaciones sobre hechos aún no verificados son ligeras y, por su ligereza, sumamente irresponsables y peligrosas. Contrasta la presteza para condenar a la Policía Nacional, con el silencio desconsiderado con los más de 500 policías heridos, con la viuda y la huérfana del Capitán Jesús Alberto Solano, asesinado a puñaladas por manifestantes, y con los cientos de civiles cuyos bienes han sido destruidos por el terrorismo urbano”.
La protesta pública y pacífica es un derecho protegido por la Constitución y respaldado por el Gobierno Nacional y la Bancada del Centro Democrático. Sin embargo, ese derecho tiene un límite claro, impuesto por los derechos de los demás colombianos. Las convocatorias de paro son espacios de participación, no de imposición.
Según el Centro Democrático, “el actual paro ha sido gravemente infiltrado por organizaciones criminales que han bloqueado vías y destruido la seguridad en varias ciudades y sembrado temor entre muchos colombianos”.
Estos son los datos que expuso el partido político al día de hoy, 4 de mayo:
Más de 441 bloqueos que han llevado provocado desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en Cali.
Vandalismo contra 21 unidades de policía.
47 estaciones de policía y 3 más atacadas con armas de fuego en Cali, una subestación de policía destruida
96 buses de transporte público vandalizados, 25 incinerados y 71 estaciones de transporte público destruidas
16 motos incineradas
36 cajeros destruidos
99 bancos atacados
17 peajes destruidos
75 establecimientos comerciales saqueados, 254 vandalizados
2 infraestructuras de gobierno destruidas, además de semáforos, monumentos culturales, hoteles.
“Infortunadamente, 309 civiles han sido heridos y 19 ciudadanos han perdido la vida en medio de confusos incidentes que deben establecerse. Lo lamentamos mucho. Si algún exceso de fuerza se hubiere cometido por integrantes de la Fuerza Pública, debe ser investigado y sancionado de acuerdo con la ley. Ya se han iniciado 29 investigaciones disciplinarias (8 por homicidio, 10 por abuso de autoridad, 3 por agresiones físicas)”, expresa el comunicado.
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La misiva agrega que “la Fuerza Pública ha sido el bastión de defensa contra el terrorismo en nuestro país, a ellas les debemos la permanencia de nuestra democracia. Hoy los hechos han dejado un saldo de 579 policías lesionados, 93 con arma corto punzante y 3 con arma de fuego; uno fallecido”.
“Exigimos el respeto por los derechos humanos de los colombianos que no quieren ver más daño económico, y que tienen derecho humano a la seguridad y la propiedad. Asimismo respeto por los derechos humanos de debido proceso y presunción de inocencia de los hombres de la Fuerza Pública, que no pueden ser condenados sin fórmula de juicio”, concluye la carta.