La juez que lleva el caso, elevó una consulta a Corte Suprema de Justicia para que defina si es competente para decidir sobre su libertad.
Este martes la juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, aseguró que es competente para tramitar y decidir sobre la decisión de dejar o no libre al expresidente Álvaro Uribe, sin embargo, elevó una consulta a la Corte Suprema para que revise la competencia de este caso.
La juez expresa que el proceso debe continuar en la ley 906 de 2005, es decir, en el sistema penal acusatorio, pero solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que revise su decisión.
Su duda radica en que en la ley 600 del 2000, en la que se basó el caso de Uribe antes de su renuncia al Congreso, resulta vigente para delitos cometidos antes del 2005 y para el juzgamiento de los miembros del Congreso.
El posible delito del expresidente se llevo a cabo luego del 2005, por lo que entraría en la ley 906, pero lo hizo mientras era senador, por ende, estaría en el marco jurídico de la ley 600.
Su renuncia al Senado supuso un enredo jurídico, el cual la juez prefirió que fuese resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Esta revisión de la Corte, según los expertos, podría tardar entre 15 a 20 días. Por ende, Uribe seguirá preso en su domicilio.