El congresista Magdalenense Holmes Echeverría solicitará, a través de una carta dirigida al Contralor General de la Nación, una veeduría especial para toda la contratación realizada el año pasado para acueducto y alcantarillado, por Aguas del Magdalena, en donde presuntamente se han propiciado actos de corrupción.
El dirigente político del Centro Democrático dijo que lo que se ha visto es que “Aguas del Magdalena, no satisface las necesidades de un pueblo, sino la corrupción en este Departamento, porque cada vez que invierte recursos son mas obras inconclusas en este departamento”.
“Me atrevo a decirlo y que me digan si es mentira o verdad, que cada una de las denuncias que estamos haciendo, si no tenemos hoy la razón y la claridad de lo que está ocurriendo”, agregó.
Se refirió a la iniciativa de impulsar un crédito por 1.7 billones de pesos para el financiamiento del proyecto de acueducto para la ciudad de Santa Marta, como un fracaso, pues según su experiencia todo proyecto para que salga adelante debe cumplir todas las fases de viabilidad por parte del gobierno Nacional.
“La ciudadanía es testigo que cuando estábamos construyendo el presupuesto nacional invitamos al gobernador y la alcaldesa a que fuera al gobierno nacional, al Congreso, para que una partida fuera incluida en el presupuesto de 2023, coa que no pasó, no llegaron, no pidieron los recursos y hoy, no esta priorizado el recurso para el acueducto de la ciudad de Santa Marta”, apuntó.
Desmintió que la ciudad pueda obtener el crédito que estarían solicitando para el proyecto de El Curval, porque ni siquiera existe un proyecto elaborado ni mucho menos viabilizado que es uno de los requisitos fundamentales para que cualquier entidad bancaria acceda a un crédito de tal magnitud.
“Esa es otra mentira más de nuestros gobernantes, el propósito más bien es tender una cortina de humo frente a una campaña electoral que está por iniciar y en la que siempre se ha tomado como caballito de batalla el tema del agua”, afirmó.
Holmes Echeverria anotó que, ni siquiera se ha tenido en cuenta la ley de consulta, que faculta a las comunidades a tener que someter a consideración cualquier proyecto que los afecte, además de las normas de cuidado del medio ambiente que protegen las reservas de agua y fuentes de captación.
