Testimonios de padres de familias tienen en el ojo del huracán a la directora regional, María del Rosario Blanco Ocampo, quien cambió de operador de la noche a la mañana sin tener en cuenta la afectación a los menores de edad del programa de primera infancia.
Un hedor extraño es lo que se ha sentido en los últimos días en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- regional Magdalena, donde 1.395 niños y niñas que reciben su atención en cinco Centros de Desarrollo Infantil -CDI- en Santa Marta, no han contado con el debido servicio que incluye la alimentación diaria que, en muchos casos son las únicas comidas que reciben en todo el día.
Se trata de estos casi mil cuatrocientos niños y niñas entre los dos y cinco años, residentes en las zonas más vulnerables de esta Ciudad que, según denuncias de los padres de familias, desde el miércoles 2 de octubre no fueron atendidos en los CDI de Timayuí, Bureche, La Paz, Cristo Rey y Derroche de Luz en María Eugenia; debido al “raponazo” que le propinó la directora regional del ICBF Magdalena, María del Rosario Blanco Ocampo, al operador que venía cumpliendo a cabalidad con el servicio a los menores de edad para entregarle el contrato de adición para finalizar el año a otra firma.
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El hecho se enmarca en el contrato de prestación de servicios que venía siendo ejecutado por un operador hasta el pasado 30 de septiembre, día en que terminaba el convenio contractual; sin embargo, pese a que el ICBF había adelantado el trámite y comunicado a la empresa contratista que continuaría prestando el servicio -lo cual se dio el pasado jueves 26 de septiembre cuando le pidieron actualizar la documentación para continuar- en un trámite “fast track” la directora Blanco Ocampo decidió a dedo, sin ningún tipo de planificación, cambiar de operador a dedo, de forma extraña e irregular y a altas horas de la noche, cuando el que venía ejecutando el contrato ya había surtido las cocinas para cumplir con la continuidad del servicio.
Esta situación ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública en general y es por eso que los padres han enviado una comunicación directamente a la Dirección Nacional del Bienestar Familiar, exigiendo que se tenga en cuenta que son los menores de edad los que han visto afectados sus derechos ante esta situación anómala y con un tufillo extraño. De igual forma, los padres de familias ofuscados por lo que está ocurriendo, están haciendo un llamado a los órganos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, para que le pongan la lupa a este caso.
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