Actualmente las Bandas Criminales, conocidas como Bacrim, aumentan el control territorial con la extorsión, que es menos visible que el asesinato o el secuestro, pero es igual o más dañino para la sociedad. Según el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, "no existen diferencias entre las Bacrim y las guerrillas. Ambas son aliadas en el narcotráfico y tienen relativa jerarquía criminal".
Al hacer un recuento de sus últimas actividades podemos nombrar el pasado 20 de octubre: en Barranquilla, fue asesinado el comerciante Maximino Ramos Meza, quien se negó a pagar $15 millones por una extorsión que le estaban exigiendo; el 24 de ese mismo mes, con el atentado perpetrado con una granada a un supermercado de Santa Marta, fueron asesinadas tres personas entre las que estaba una niña de 6 años.
El general Ricardo Restrepo Londoño, comandante de la Regional Caribe de la Policía Nacional, asegura que se produjo como coacción al dueño del establecimiento que se había negado a cancelar una extorsión. Después del atentado contra un supermercado en Santa Marta, se han multiplicado las amenazas contra los comerciantes. Por miedo ningún dirigente gremial ha querido pronunciarse de manera pública, pero trascendió que hay un mayor número de comerciantes amenazados por supuestos miembros de bandas criminales que actúan desde las cárceles.
La directora de Fenalco, en Cartagena, Mónica Fadul, aseguró que en esta ciudad el flagelo de la extorsión es más común de lo que se cree. La líder gremial informó que los montos van desde los $20.000 semanales a pequeños tenderos, pero que dependiendo de la actividad económica del comerciante pueden incrementarse hasta los $4 o $5 millones. Incluso, hay casos en que los extorsionistas, en vez de dinero, solicitan medicinas o tarjetas telefónicas.
En la semana anterior doce personas armadas al parecer pertenecientes a las Bacrim 'Los Rastrojos', llegaron hasta una finca productora de tomate de árbol, en la Vereda San Isidro del municipio de Santa Rosa de Osos, al norte de Antioquia y tras recriminarles que no habían pagado la extorsión que les están exigiendo, acribillaron a los diez campesinos que estaban en ese momento en la finca.
Pero ante la falta de eficiencia de las autoridades, ya se han presentado casos en donde la comunidad reacciona también violentamente. El domingo anterior en la vereda Alto Colorado, del municipio de San Jerónimo, localizado a dos horas de Medellín, se presentaron cuatro hombres armados y asesinaron a Humberto de Jesús Bedoya, asegurando que él tenía cuentas pendientes con ellos.
La comunidad reaccionó, se armó con palos y cuchillo, agredieron y mataron a los cuatro asesinos.
Como si se tratara de una peste que viene extendiéndose desde La Guajira, que ya llegó al Magdalena y Atlántico y seguramente seguirá su camino hacia los demás departamentos de la Región Caribe. Los actos terroristas de estas bandas tienen azotada a la población civil, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido adoptar medidas que sean efectivas contra este flagelo. Primero fue Riohacha el epicentro de acciones con granadas, luego Maicao, después Santa Marta y ahora también se ha extendido muy rápidamente a Antioquia.
En las ciudades de Córdoba desde hace varios años se vienen presentando situaciones similares como extorsiones, amenazas y crímenes contra comerciantes y empresarios; en Caucásia las granadas lanzadas en el centro de la ciudad fueron una constante hace un año. Los hechos demuestran que las bandas criminales se fortalecieron, pese a que las autoridades han reforzado el combate contra ellas, asestando duros golpes tratando de desarticularlas.
Es innegable, las Bacrim se extienden. Las autoridades abaten en combate o capturan a sus cabecillas, pero aparecen nuevos personajes que demuestran que la empresa criminal sigue siendo un buen negocio. El problema se ha agudizado, con facilidad se extendió a otras zonas. Pero su solución, además de la acción de la Fuerza Pública, requiere una estrategia de gobierno, para que pueda ser erradicado de raíz.