Presidente y vicepresidente pidieron llevar caso de Mapiripán a OEA

Nacional
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el vicepresidente, Angelino Garzón, coincidieron este jueves que el caso de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán es muy grave, porque mina la credibilidad de la justicia.

El mandatario indicó que dio orden a la canciller María Ángela Holguín para que informe oficialmente al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y que el tema sea tratado en la reunión de ministros de relaciones exteriores para que la situación no se vuelva a presentar.

Según Santos, "al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado están vivas o no murieron en la mencionada masacre". Esas personas, sostuvo el mandatario, "están recibiendo cuantiosas indemnizaciones basadas en la mentira y el fraude procesal".

Santos remarcó que ello no sólo sería un fraude al Estado, "sino una burla al sistema internacional de Derechos Humanos".

Agregó que, "además, se confirma lo que mucha gente venía diciendo respecto a que hay intereses oscuros, intereses económicos, que utilizan dicho sistema, que hacen burla de él, para lucrarse a costa de los recursos públicos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos".

A su vez, Garzón instó este jueves a llevar "hasta el final", incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de "falsas víctimas" de la matanza de Mapiripán, revelación que sacude por estos días al país.

"Este caso lo llevaremos hasta el final y, si es preciso, al seno de la OEA, porque no es posible que se dicten sentencias basadas en hechos falsos", declaró Garzón.

Grazón formuló la declaración después de que la fiscal general, Viviane Morales, anunciara una investigación en respuesta a la petición de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá para establecer la cifra real de víctimas de la matanza de Mapiripán, en los Llanos Orientales, en 1997.

En su momento se dijo que los muertos fueron medio centenar, pero según distintos testimonios, las víctimas, al parecer, no pasaron de una decena.

El mismo tribunal solicitó también al Ministerio de Defensa suspender los pagos a los afectados por la matanza, atribuida a facciones de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Morales señaló que la cifra menor de víctimas mortales de esa acción se pudo establecer en las versiones rendidas por paramilitares ante la Unidad de Justicia y Paz.

"Lo que ha pasado es muy grave y por eso respaldo la decisión de la fiscal general y del procurador, como lo han hecho los ministros de Justicia y Defensa, que esto no puede quedar como si nada hubiera ocurrido", indicó Garzón.