UNIDAD INVESTIGATIVA EL INFORMADOR
Los dueños de gran parte de las tierras en la zona de Palangana al nororien-te de Santa Marta, man-tienen una mala racha en relación con los temas de orden ambiental y sobre derecho de posesión, éste último, que ha dado a investigaciones del orden judicial.
La Unidad Investigativa de EL INFORMADOR tuvo acceso a los documentos y declaraciones hechas que exponen una aparente ilegalidad en la adquisición y posterior venta de las tierras donde funciona la cantera.
Todo parte de la compra que hizo el miembro del grupo empresarial Dávila de 100 hectáreas a Osvaldo Jiménez Villarreal, una persona quien ha manifestado ante las instancias judiciales nunca haber sido propietario del terreno y menos vendérselo a Alberto Dávila.
La investigación cobija las actuaciones de funcionarios de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos que en el 2006 procedieron a abrir el folio de matrícula 080-89875, colocando como fecha de apertura 20 de noviembre de 1998, algo que no corresponde para la Fiscalía 5 delegada con la realidad.
El otro punto que hay un presunto ilícito está en la anotación 1 de dicho folio donde incluyen la resolución administrativa 00846 de noviembre de 1998, al parecer proveniente del Incora, adjudicando el predio baldío al señor Osvaldo Enrique Jiménez Villareal. Ni en la Oficina de Instrumentos Públicos reposa dicha resolución y tampoco fue expedida a nombre de Jiménez Villarreal por el Incora, ahora Incoder.
La original Resolución 00846 fue expedida en julio del 98 y señala la adjudicación de 492 metros cuadrados a los señores Guillermo González e Isabel Gulloso, en el corregimiento de Belén, municipio de El Banco.
Presuntos implicados
Se le agregan más ingredientes al enredado asunto cuando en el acto de compraventa firmado en la Notaría Única de Soledad en el año 2006, se oficializó la protocolización basado en el folio de matrícula 080-89875.
Según la Fiscalía en la investigación entra el comportamiento y eventual participación del notario encargado en ese entonces, Rafael Herrera Iranzo, y de otros funcionarios de la misma Notaría, que dieron fe de la presencia del vendedor y comprador, cuando Alberto Dávila y Osvaldo Jiménez, declararon nunca haberse conocido ni presentados al tiempo en la cita para la firma ante el Notario.
En el fundamento de impugnación el ente acusador no se explica "cómo un comerciante del talante de Alberto Dávila, no tuvo la precaución de requerir del Incora la respectiva resolución de adjudicación" y agrega: "Se torna inimaginable sostener que incurrió en error invencible propio."
Recaen responsabilidades
Además de decretar por fraudulento la cancelación del folio de matrícula 080-89875, la Fiscalía 5 delegada está examinando el compromiso penal que puede recaer tanto a los funcionaros de Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Santa Marta, como a la Notaría Única de Soledad; el primero al inscribir un folio de matrícula sin contar con el debido soporte y el segundo, al dar fe ante la presencia del Notario que tuvo en su oficina a los señores Alberto Dávila y Osvaldo Jiménez, sabiéndose que ello no ocurrió.
EL INFORMADOR dialogó con el asesor jurídico de la empresa A&L Dávila S.C.A. José Eduardo Barreneche, quien por políticas de quienes representa mantuvo reserva de todo comentario, pero manifestó que confía en que la situación jurídica se resuelva a favor de los acusados.
Niega haber tenido negocios en Santa Marta
Osvaldo Jiménez: con su identidad han hecho lo que sea
El nombre de Osvaldo Enrique Jiménez Villarreal es común entre el gremio de los directivos docentes, por ser rector de la Institución Educativa Media de Patillal, en el departamento del Cesar. Con casi 30 años en el Magisterio, nunca imaginó que su identidad sería utilizada para tantos y tan diversos hechos delictivos en la Costa norte. El último y más delicado lo publicó hace ocho días el periódico El Heraldo de Barranquilla, donde su nombre se vio envuelto en la compra de la hacienda Villa Paraíso del municipio de Baranoa, Atlántico, y que fue disputa por parte de miembros del narcotráfico, entre los que se mencionan a los hermanos Víctor y Miguel Mejía Múnera, "Los Mellizos".
Tal como ocurrió en Santa Marta la identidad de Jiménez Villarreal fue suplantada para aparecer en la compra de la finca a Pierre Chadid, muerto al parecer por una vendetta de la mafia.
Los problemas del profesor Osvaldo iniciaron en el 2006, cuando fue notificado por una deuda de ocho millones de pesos en la que había aparecido como fiador en una casa de préstamos. Aclarado el asunto, su tranquilidad se volvió a perturbar cuando también salía en un listado de la empresa Datacrédito por haber quedado en mora al tomar un crédito universitario en el Icetex para dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe.
Otra suplantación de su identidad ocurrió para la adquisición de dos planes postpago en la empresa Comcel y un lote que supuestamente había vendido a una señora en Valledupar por valor de 200 millones de pesos.
No tiene idea quien o quienes le han tomado ilegalmente el nombre y número de cédula, ni siquiera las autoridades le han dado luces al asunto. "He intentado hacer denuncias contra personas desconocidas", manifiesta el docente.
Referente al tema de las tierras de la cantera Las Delicias, se limitaron a informarle, que en las notarías con sólo presentar la cédula y sin comprobarse su autenticidad puede llevarse un documento para autenticar. "No entiendo cómo salir de esto, no salgo de un problema cuando me meto en otro", afirma en entrevista con EL INFORMADOR.
Considera que le ha cambiado la vida, nunca ha tenido ningún tipo de problema judicial y a raíz de esto le toca estar en juzgados, declarando, explicando a personas que nada tiene que ver en las estafas. "Afortunadamente nadie se ha ido en contra mía, todos han comprendido que yo no tengo nada que ver", pero teme que algún día llegue una persona que crea que él no es inocente y pueda atentar contra su persona.
De seguir así no descarta que pronto le toque cambiar de nombre, con el fin de no continuar metido en los enredos, siempre y cuando esto no le complique su papel como funcionario, ya que él certifica con su firma documentos públicos en la institución que dirige. Otro punto que no se dio a su favor es que equivocadamente creía que con el cambio a la nueva cédula de ciudadanía sus dolores de cabeza culminarían, pero hasta con el renovado documento continúan los chanchullos.
"Me dijeron que en Bogotá se consiguen las cédulas falsas con la identidad que uno quiera", refirió. Sus colegas con mamadera de gallo lo catalogan como el rico del gremio, honor que no ostenta al jurar que posee como sus mayores patrimonios su casa, un vehículo y los estudios superiores que con esfuerzo les entregó a sus hijos.
Terrenos ya ocupados
EL INFORMADOR publicó en la edición del 31 de enero del 2011 la noticia acerca de las empresas que operan en Palangana y que podían perder la titularidad de sus tierras, a causa de una adjudicación irregular efectuada por el antiguo Incora a José Ignacio Diazgranados Rivas en 1991. Esta persona negoció parte de las 308 hectáreas para que funcionarán allí actividades como el relleno sanitario y la cantera Las Delicias, que adquirió 124 hectáreas en 1999.
De acuerdo con las indagaciones, más adelante ante Notaría se protocolizó un plano en el cual se adicionaban 100 hectáreas, las mismas que aparecieron compradas en el 2006.
Lo que viene deduciendo la Fiscalía es que Alberto Dávila "no pudo errar en la validez de la documentación sobre el predio que desde hacía años poseía, simplemente su pretensión fue de trasmutar de manera fraudulenta la posesión hacia la propiedad."
La escritura que terminó en matrimonio
Otro de los detalles que no se explican las autoridades es lo concerniente a la escritura pública donde se protocolizaba la Resolución 00846 del Incora que adjudicaba tierras a Osvaldo Jiménez Villarreal en una Notaría del municipio Santo Tomás, departamento del Atlántico. Para la sorpresa de quienes investigan la verdadera escritura registrada con el serial 1018 de agosto del 2004, resultó siendo la celebración de un matrimonio civil.
Suspendida hasta nueva orden
Las paradojas de la vida. El hecho que ocasionó que fuera al escarnio público durante los últimos seis meses del 2010 a la cantera Las Delicias, de propiedad de la familia Dávila Abondano, al señalarla como la causante del desastre de la quebrada La Lata, le fue resuelto a su favor al comprobar la autoridad ambiental que nada aportó a la emergencia que mantuvo Santa Marta en medio de la más fuerte temporada invernal.
Pero fue un detalle menor que tiene desde el pasado 10 de febrero fuera de operaciones a la extractora de piedras: la ocupación indebida de la escorrentía que alimentaba a la quebrada La Lata. Corpamag busca comprobar qué tanto daño se le hizo a la microcuenca al construir prácticamente sobre ella la vía principal hacia la cantera y ocupar parte de su lecho con rocas para aminorar la corriente.
Anexo a ello hay otra investigación que comienza a surgir por un presunto mal diseño minero, es decir, lo que se observa en la mina, no está contemplado en el proyecto presentado a la Corporación Autónoma.