Cuatro organizaciones nacionales y dos congresistas apoyaron la solicitud instaurada por dos comunidades del departamento de La Guajira, en la que piden nulidad al Plan de Manejo Ambiental Integral de la empresa.
En estado de preocupación se encuentra Cerrejón, luego de que ante el Consejo de Estado fuese promovida una demanda que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado, Pmai, de la multinacional, lo que significaría el cierre definitivo e inmediato de la operación carbonífera.
La solicitud fue instaurada por dos miembros de las comunidades Paradero y Gran Parada de La Guajira; las ONG nacionales Fuerza de Mujeres Wayúu, Cinep, Cajar y Censat; los congresistas del partido Coalición Lista de la Decencia y el Polo Democrático Alternativo Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia del Movimiento Alternativo Indígena y Social.
La petición también cobija en calidad de demandados a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
Motivos de la demanda
Según los demandantes, la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales son la principal causa de afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños.
Así mismo, los peticionarios manifiestan que se ha desconocido el derecho de participación de la población en general y, especialmente, el derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.
En ese sentido, los reclamantes solicitaron la adopción de medidas cautelares, que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación del Pmai, que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades, por la presunta violación a los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación.
Para responder estas inquietudes de los demandantes, el Consejo de Estado tiene un plazo de diez días hábiles para la toma de esta decisión. Cerrejón respeta las instituciones colombianas y acatará las decisiones que estas tomen en el marco de este proceso.
Posición de Cerrejón
Por su parte, Cerrejón rechaza la demanda y asegura que son más de tres décadas de operación, con un desarrollado de actividades con buena fe, cumpliendo la normatividad colombiana aplicable y bajos los lineamientos, trámites y procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
Asimismo, rechaza los cuestionamientos contenidos en la demanda, que pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira.
Las comunidades demandan la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, como la principal causa de afectación al recurso hídrico y al medio ambiente del departamento.