El proyecto que promete otorgar 300 casas para víctimas de la violencia está aprobado desde el 2012 pero, debido a los problemas de gobernabilidad que atraviesa la Administración Departamental, no hay todavía avances significativos.
La ingobernabilidad que vive el departamento a nivel de Gobernación ha sido otro de los factores para que proyectos de vivienda, como el de Marina Esperanza de Maicao, estén estancados, según el criterio del arquitecto Edilberto Díaz Moreno.
El proyecto de carácter nacional fue concedido por el Gobierno en el año 2012 para otorgar 300 viviendas para personas desplazadas, pero por múltiples inconvenientes de trámites y la renuncia de muchas personas a firmar los documentos para que el Ministerio autorizara la construcción de las casas, entre otros percances atrasó el proyecto.
Los problemas más recientes tienen que ver con los sorpresivos cambios que se han presentado en la Gobernación, ya que ha sido necesario diligenciar unos subsidios complementarios a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad, departamental para poder suplir los faltantes que por el tiempo se han presentado en los cálculos de construcción.
Con lo que se ha podido en medio del caos, según explica el arquitecto, se han entregado 46 casas, 16 están en altura de cubierta, 6 más entregadas sin cobrar y 18 viviendas más con plantilla de cimiento o placas. Las obras están suspendidas, porque hace cuatro años el Gobierno Municipal firmó un convenio con el departamento para que a través de recursos obtenidos del Fondo para el Desarrollo de La Guajira, Fondeg, se asignaran mil millones de pesos para la continuidad de las obras, sin embargo, los cambios de gobernador en el departamento han atrasado el giro del dinero causando un atraso notorio en estos proyectos de vivienda.
A lo anterior, se agrega que desde hace dos años el Ministerio, el municipio y el departamento se viene gestionando un reajuste financiero, ya que el proyecto fue presentado en el 2012 con subsidios muy bajos comparados a los gastos que hoy se deben ajustar para terminar cada casa, que hoy cuesta 58 millones, pero que en su momento fue cotizada en 29 millones 226 mil pesos y un subsidio de 16 millones.
Díaz asegura que la plata que aporto el municipio inicialmente esta invertida en las obras de urbanismo como redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, pavimentación, andenes y bordillos, lo mismo que el costo del lote que tiene su matrícula inmobiliaria a nombre del municipio.
Contó además que los subsidios de los beneficiarios 16 millones 068 mil pesos están en sus cuentas pero que si no se construye, el gobierno tampoco paga.
El constructor tiene en este momento invertido 700 millones de pesos, los cuales no han podido ser cobrados porque se necesita terminar las casas para recibir del gobierno el dinero.
En el 2012 a cada casa del proyecto le fue asignado un precio de $29’226.000, pero luego de un reajuste financiero se determinó que el precio real por construcción es de $58 millones.