El órgano de control señaló que el contrato no debió suscribirse.
Antonio García de la Rosa, exalcalde de Ovejas; Vilma Pastor Nieves, exgerente de la ESE; Liliana Salcedo Romero y Kellys Garavito Villalba, exsecretarias de Desarrollo Social de ese municipio, tienen que devolverle al Estado 417 millones 903 mil pesos.
Así lo determinó la Contraloría General de la República al confirmar un fallo con responsabilidad fiscal emitido por la Gerencia Departamental de la Contraloría General por irregularidades en unas transferencias que le hizo la Alcaldía a la ESE, cuyos recursos pertenecen al subsidio de la población pobre no cubierta de este municipio, según lo informado por el medio de comunicación El Meridiano.
Hechos
El 11 de enero de 2011 el Municipio suscribió con la ESE un contrato que tenía como objeto la prestación de servicios de baja complejidad a la población pobre y vulnerable no cubierta, por 310 millones de pesos.
Según el denunciante Édgar Baloco, dicho contrato estaba viciado de presuntas irregularidades por lo que le pidió al ente fiscal que se esclarecieran.
Fue así como el ente de control designó a un funcionario que al revisar el contrato evidenció que el mismo fue pagado en su totalidad, por lo que se configuró una doble contratación, ya que para la vigencia del 2011 la población pobre y vulnerable de Ovejas estaba afiliada en un 100 % al régimen subsidiado.
Igualmente pudo establecer el auditor que la ESE no demostró la ejecución del contrato, pues los afiliados supuestamente contratados estaban financiados a través de los recursos del Fosyga y que le fueron girados a la ESE, por lo tanto dicho convenio se configura en una indebida contratación y por ende en un presunto detrimento patrimonial al Estado.
Esto conllevó a la Gerencia de la Contraloría a abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra estas personas.
Una vez surtidos los trámites del proceso, el ente de control detectó que se produjo un daño al erario, puesto que la Alcaldía transfirió dichos recursos que no cumplieron con la finalidad, ya que no existen soportes de la prestación de los servicios de salud.
Responsabilidades
Así las cosas, Antonio García, como ordenador del gasto, dirigió, ejecutó y pagó el contrato sin que existiera una necesidad real para la celebración.
Además, no hizo estudios previos en la etapa precontractual.
"Lo anterior conllevó a haberse pagado un servicio que no prestaron. Como ordenador del gasto Antonio García omitió el deber de garantizar y responder por la inversión de los recursos que fueron adjudicados para la ejecución del contrato en cuestión", indicó la Contraloría.
