En el caso que investiga la Fiscalía por la supuesta permisión en la construcción de viviendas de interés social, VIS, en el edificio Aquarela, vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial, POT y afectando la visual del Castillo San Felipe, ya cumplió seis meses.
Enrique del Río González, apoderado de Ronald Llamas Bustos, curador urbano 1, manifestó: “Estamos preparados para ejercer con firmeza la defensa técnica, acreditando la absoluta inocencia de mi representado Ronald Llamas. Insistimos en que es evidente la inexistencia de delito en el trámite de expedición de las licencias. El derecho penal no es el camino para solucionar este conflicto, existen las vías policivas y administrativas. Debemos crear esta conciencia, evitando condenas económicas posteriores para el Estado”.
Hay que recordar que en ese momento, un juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, le otorgó la libertad, Ronald Llamas Bustos; al representante legal y al arquitecto del proyecto Aquarela, Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, respectivamente.
Pese a que en segunda instancia el juez Primero Penal del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del juzgado Noveno Penal Municipal de Control de Garantías, el proceso judicial continúa ante un juez de conocimiento, por lo que la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra estas tres personas.
Los delitos
Al Curador Urbano N 1, le imputaron los delitos de prevaricato por acción y urbanización ilegal, pero el juez le concedió la libertad porque consideró que no estaba dada la inferencia razonable, y que el funcionario otorgó las licencias de construcción para las cinco torres de Aquarela amparado en el POT y en la circular del 10 de diciembre de 2013, que expidió en ese momento la Secretaría de Planeación, en cabeza de Dolly González.
En el escrito de acusación, la Fiscalía cuestiona que el funcionario concedió el permiso para construir más de cuatro pisos cuando la ley precisa que esto no está permitido, por ser una zona de periferia histórica ambiental protegida, parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Además, argumenta que el curador omitió el visto bueno del Consejo Nacional de Monumentos.
En cuanto a Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, imputados por urbanización ilegal y daño a recursos naturales, también dejados en libertad, la Fiscalía basa su escrito de acusación en que tampoco acudieron al Consejo Nacional de Monumentos, su desconocimiento de las normas y causar daño a los recursos naturales, al paisaje (uno de los factores que ha mencionado la Unesco), a la fauna, al suelo y a los recursos del hombre dado a los múltiples efectos generados por la cantidad de apartamentos que se construirían.
El equipo de prensa del proyecto Aquarela emitió un comunicado en el que manifiestan que “como lo han venido haciendo hasta el momento, los constructores mantendrán su defensa en el marco del juicio, con fundamento en la legalidad y legitimidad de las licencias urbanísticas y de construcción oportunamente tramitadas y obtenidas”.
