Luego del sonado escándalo del magistrado Jorge Ignacio Pretelt por el caso Fidupetrol, el Gobierno Nacional lidera una iniciativa encaminada a establecer un completo revolcón al sistema de selección de las tutelas dentro de la Corte Constitucional.
Ante la aguda polémica acontecida en el país por el supuesto pago de $500 millones para favorecer la tutela de esa compañía dentro del máximo tribunal, desde la Casa de Nariño se está estudiando la posibilidad de establecer reglas claras para el proceso de selección de las mismas tutelas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió en una reunión sostenida hace unos días con los presidentes de las Altas Cortes, sobre las decisiones que viene tomando la Corte Constitucional para "eliminar la discrecionalidad de los magistrados" al momento de seleccionar una tutela.
Sin embargo, Cristo fue claro en que ahora la intención del Gobierno es que la tutela no siga estando al servicio de los más poderosos como sucedió en el episodio de Fidupetrol.
Sino que insistió en persistir en la búsqueda de una herramienta que permita garantizar que la tutela, que es una conquista del pueblo colombiano, continúe siendo un mecanismo que esté al servicio de los más débiles de la sociedad colombiana, es decir de quienes no tienen posibilidad de acceder a la justicia.
Con esta iniciativa se pretenden establecer unos criterios que están en proceso de evaluación y consulta para mirar los mecanismos que garanticen el derecho a la igualdad de todo el mundo en el acceso a la tutela.
El Gobierno Nacional así se mostró también partidario del proceso de autorregulación que han iniciado en las Altas Cortes.
De momento se desconoce si la intención del Gobierno es presentar un acto legislativo en el Congreso para establecer los parámetros en la selección de las tutelas.