Tras el asesinato de cuatro menores en el Caquetá y ahora con el caso de la madre que asesinó a sus tres hijos en Palmar de Varela, Atlántico, se reabrió la discusión sobre la pena de muerte para los que cometan crímenes atroces.
De este modo en la Cámara de Representantes se abrió el debate y cursa un proyecto de ley, en donde se castiga con la cadena perpetua a los adultos que cometan estos crímenes tan atroces, a pesar que en varios sectores se pidió la pena de muerte, como castigo que sea ejemplar.
En Florencia, Caquetá, los menores de edad, los hermanos Vanegas Grimaldo, de 4, 10, 14 y 17 años, fueron asesinados a tiros en su hogar el pasado 5 de febrero presuntamente por Cristopher Chávez, de 42 años, y Edison Vargas, de 25; y hace dos días en Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico, en una escena dantesca y macabra, calificada así por las autoridades de policía, Johanna Montoya degolló a sus hijos Abinadath, de 9 años; Johanna de 6 y Luis Enrique, de 4 años, crímenes que han conmocionado a la sociedad colombiana, que en su desesperanza y desde lo más hondo de su dolor pide la pena capital para este tipo de actos tan repudiables.
En el caso de los asesinatos en Caquetá, se señala a Chávez, a quien se le señala de ser el autor material del crimen, y Vargas fueron capturados en la víspera, tras un ultimátum del presidente Juan Manuel Santos a la policía y horas después en la jornada se esperaba la legalización de las capturas por parte de un tribunal contra los dos hombres que podrían enfrentar penas carcelarias de hasta 60 años, siguiendo las autoridades colombianas con las pesquisas contra al menos otras tres personas, entre ellas el autor intelectual de la masacre.
La pena de muerte está proscrita en Colombia, sin embargo en 2008 el debate se prendió luego de que un bebé muriera al ser asfixiado por su padre en una población vecina a Bogotá. Luego, un partido político de centro promovió una iniciativa popular para dictarle cadena perpetua a los abusadores sexuales de menores de edad, pero no prosperó.
Debemos ser conscientes que la pena de muerte no existe en el país, porque ninguna autoridad ni ley puede decidir la muerte de otra persona y que la salida sería la cadena perpetua, que como tal no está contemplada, ya que la máxima pena es de 60 años que equivaldría casi a una pena perpetua.
A la labor de condena y juzgamiento, no se le puede dejar sola; hay que realizar otros procesos no represivos que acompañen la condena, para que no se vuelvan a presentar este tipo de actos tan aberrantes.