El miércoles pasado, en su primera alocución al país en el nuevo año, el presidente Juan Manuel Santos reveló que le dio instrucciones a su equipo de negociadores de paz en La Habana (Cuba) para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, tema que hace parte del punto tres -fin del conflicto- de la agenda de negociaciones pactada con las Farc.
Una declaración que generó opiniones e interpretaciones de todo tipo, teniendo en cuenta que hasta ese momento siempre había hablado de que esa posibilidad -pedida insistentemente por la guerrilla- solo sería considerada tras la firma de un acuerdo final y que se seguiría negociando en medio del conflicto.
Cambio de postura que demuestra que el proceso está "en su recta final", dijeron unos. Que el Presidente está "sometido por el terrorismo", expresaron otros. Lo cierto es que en las explicaciones posteriores que salió a dar el general (r) Óscar Naranjo, ministro para el posconflicto y negociador del Gobierno en Cuba, quedó claro que la puerta para considerar un cese del fuego bilateral antes de lo previsto está abierta, lo cual, aclaró sin embargo, debe pasar primero por desescalar el conflicto, lo que implica, por ejemplo, el desminado de los campos, entregar información sobre desaparecidos y excluir a los niños de la guerra.
Es claro que si se firma el cese del fuego bilateral entre el gobierno Santos y las Farc, ello puede leerse que en el territorio nacional se conserva el orden público, que ya no es perentorio dirigir operaciones de guerra antisubversiva y que la disposición del mandatario para las Fuerzas Armadas, en su calidad de comandante supremo, es que deben seguir defendiendo la soberanía, la independencia y la integridad territorial frente a otro enemigo, porque el orden constitucional acepta o está a punto de un pacto de paz entre el Estado y la insurgencia.
Eso marchando por los principios trazados en la Carta de 1991, que advierten a las autoridades de la República que están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. De lo contrario, sería suspender esos deberes y coexistir con un grupo armado que los desconoce.
Pero, más allá de las palabras o del eco de la política que retumba en los estrados del poder -incluido el de los medios- el cese del fuego bilateral entre Gobierno y Farc es un paso que no puede darse sin un acuerdo claro que lo legitime.
Para Rafael Pardo, quien lideró las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros M-19, Epl, Prt y Quintín Lame, durante el gobierno de Virgilio Barco, la ventaja que tiene el actual proceso con las Farc es que se han aprendido las lecciones del pasado y se tienen claros los parámetros de lo que no se debe hacer. Además, es indispensable que ese cese del fuego y de hostilidades bilateral sea antes de la firma de un acuerdo definitivo. "Los acuerdos tienen que refrendarse y hay que tener claridad de que la guerrilla no va a presionar a la población y que la Fuerza Pública podrá garantizar la seguridad".
Es en este escenario que se enmarca la necesidad de darle legitimidad. Según Pardo, la tregua que se implementó con las Farc entre 1984 y 1985, en el gobierno de Belisario Betancur, falló porque nunca se tuvo claridad sobre lo que era: ¿solo no atacarse entre los combatientes o suspender las actividades contra la población civil, como secuestros y extorsiones? Claro, era un momento muy diferente al actual y los análisis posteriores mostraron que la estrategia de las Farc obedeció más a la "combinación de todas las formas de lucha", en la que la negociación política era vista como un espacio de consolidación que permitiría el afianzamiento militar y la expansión hacia la búsqueda del poder.
Otro error de aquella experiencia tuvo que ver con la verificación. El gobierno nombró unas comisiones que no operaron, pues cuando se denunciaba alguna acción armada, llegaban al sitio de los hechos semanas después.
La clave -dice Rafael Pardo- está en establecer protocolos de comunicación expeditos, sabiendo que aquí no solo el Ejército y las Farc están armados y coexisten las bandas criminales y otras organizaciones delincuenciales. "Yo sí creo que el actual proceso entró en un punto de no inflexión, al menos en lo militar, porque incluso a las Farc les queda muy difícil romper la tregua unilateral que declararon, pues arruinarían la confianza", concluyó.
Víctor G. Ricardo, quien como primer comisionado de Paz del gobierno de Andrés Pastrana estuvo al frente de los contactos y el inicio del proceso de negociación en el Caguán con las Farc, cree que la declaración del presidente Santos en el sentido de que se inicie lo más pronto posible la discusión sobre el cese del fuego bilateral, es más una invitación a acelerar los diálogos.
Con una advertencia: "Cese bilateral antes de la firma hace muy frágil el proceso, se puede romper en cualquier momento y acabar con los avances logrados. El presidente está tratando de blindar los diálogos para que, al avanzar en las condiciones de cómo se llevaría a cabo ese cese, tan pronto se firme la paz se puede implementar sin correr riesgo o cometer errores".