Por fin comienza a esclarecerse, poco a poco, la tragedia de la toma sangrienta por parte del movimiento guerrillero M-19, del Palacio de Justicia, en pleno centro de la capital del país, con la finalidad de quemar archivos importantes para los narcotraficantes. Familiares de los desaparecidos hace 29 años durante la retoma del Palacio de Justicia expresaron su satisfacción por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró responsable al Estado colombiano de la desaparición de 10 personas y de la ejecución extrajudicial de otra.
La noticia del fallo de la Corte IDH es una sensación muy difícil de explicar: son 29 años esperando justicia y se siente nostalgia porque por fin se logró lo que estaban esperando hijos, hermanos y demás familiares de los desaparecidos en este hecho tan cruel para la historia colombiana, sucedida durante el asalto guerrillero del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Para algunos colombianos la decisión conocida es el reconocimiento de un organismo internacional que sí hubo desaparecidos tras la retoma de la sede judicial, a lo que el gobierno nacional afirmó que estudiará detalladamente para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance y para esto ya está disponiendo una partida de unos siete millones de dólares para la indemnización de las víctimas.
La Corte ordenó, entre otras disposiciones, resarcir económicamente a los familiares en dólares, publicar el contenido de la sentencia en medios de comunicación para que tenga difusión, continuar la investigación judicial para que los responsables sean llevados ante la justicia y brindar apoyo psicológico a los familiares y a quienes sufrieron daños durante la retoma del Palacio.
El 6 de noviembre de 1985, el Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). Sin embargo, el gobierno ordenó la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron más de un centenar de personas, entre ellos 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. Entonces, ¿la culpa fue del gobierno; del entonces presidente Belisario Betancur por dar la orden de retoma; de los guerrilleros que tomaron a sangre y fuego los estrados judiciales mas sagrados de Colombia o del Ejército que cumplía una orden?
Ahora, solamente afrontan el proceso dos militares de alto rango, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas, que han sido condenados por los hechos del Palacio de Justicia.
La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero y que llega a la actualidad con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.