A la espera de la liberación del general Álzate, de sus acompañantes, y ojalá de todos los secuestrados en Colombia, por parte de las Farc, la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue la mejor ya que no podía hacer nada distinto que suspender los diálogos que sostiene con los comandantes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en La Habana, Cuba.
Esta decisión obligó a la guerrilla a comenzar el proceso de liberación, que hasta el cierre de esta edición editorial no se había producido, mientras éstas no den la orden perentoria de entregar al general Rubén Darío Álzate sano y salvo. Y repetidos, junto a él deben volver sus acompañantes y las personas retenidas ilegalmente en la selva de Colombia.
Esta retención de un alto mando militar, comandante de una fuerza de tarea contrainsurgente, ha dejado grandes interrogantes sobre por qué un general andaba sin escolta por una zona de fuerte presencia guerrillera, vestido de civil y apenas con la compañía de otro soldado y una abogada, y por qué hizo caso omiso a las advertencias sobre el peligro que corría.
Pero al margen de las preguntas que tendrá que responder en su momento el alto mando militar, lo cierto es que la acción de la guerrilla pone en serio peligro un esfuerzo de parar un conflicto armado de medio siglo por la vía del diálogo y no por el exclusivo camino de la acción militar. Y, además, le da argumentos suficientes a los muy poderosos enemigos de la paz en Colombia -que los tiene a montón y desde diferentes flancos- para cortar de raíz cualquier acercamiento con los rebeldes armados y aupar la guerra.El único camino que tiene la guerrilla es devolver a los secuestrados. Si no lo entiende así, y persiste en sus métodos terroristas, será la culpable de prolongar un conflicto armado que ha resultado desastroso para un país que busca darle una nueva oportunidad a su esperanza de futuro.