Una de las metas fallidas del presidente Santos fue colocar 'en cintura' a las EPS que hacen su agosto en todo el año, con el sistema de cobro y recobro y acabar de una vez por todas con el tratamiento inhumano que reciben los colombianos cuando se acercan a los hospitales y puestos de salud, en busca de solución a su problema.
En este sentido los colombianos siguen azotados por un gobierno que poco le importa que los colombianos se sigan muriendo en las puertas y entradas de los centros hospitalarios y que reciban la debida atención en forma pronta y oportuna. No ha sido capaz con acabar con las largas colas que se forman desde tempranísimas horas del día para conseguir una cita médica para un mes después, cuando de pronto, la persona ya ha fallecido porque, precisamente no fue atendida a tiempo y mucho menos no ha sido capaz de acabar con la tramitología que le imponen las EPS a los pacientes, para acceder a un verdadero tratamiento que salve su salud.
Dentro de esa reforma a la salud que nunca se dio, se hizo énfasis en que el gobierno bajaría los altos costos de las medicinas más urgentes para tratamientos en pacientes terminales y para medicinas que son más baratas y fáciles de acceder en el exterior que en Colombia.
Todo fue muy bonito, como siempre, pero nada de realidad; con solo visitar los centros hospitalarios podemos corroborar que lo que dice y hace el gobierno nacional es contrario a la realidad de los colombianos que no tienen forma de acceder a una salud digna. No obstante a lo anterior, ahora el gobierno anunció que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) , formuló pliego de cargos contra varios laboratorios, por presuntamente vender medicamentos por encima del precio máximo fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Los laboratorios y mayoristas a los que se les formuló pliego de cargos en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento del régimen de fijación de precios máximos en medicamentos, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a varios laboratorios y mayoristas información sobre los precios de venta de medicamentos regulados en el canal institucional con el fin de verificar si dichas ventas se ajustaban o no a los precios máximos de medicamentos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Como consecuencia de la información reportada, la SIC encontró que las empresas investigadas, presuntamente habrían violado el tope máximo de ventas de medicamentos adquiridos con recursos del Sistema de Seguridad Social.
¿Si será verdad tanta belleza? ¿Si habrá una verdadera política de justicia social en salud para los colombianos más necesitados? ¿Hay derecho que después de 5 años de gobierno Santos no se haya cumplido la palabra empeñada a los nativos de este país de garantizar, según la Constitucional Nacional, la salud de todos los que habitamos en este país?