No sabemos si el gobernador del departamento del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, sacó cuentas de cuanto tiene que pagar el ciudadano de bien en impuestos para cumplir con su deber ciudadano. Aquí le podemos enseñar cuanto debe producir un empresario magdalenense para cumplir con su deber ciudadano, de cancelar, puntualmente, los impuestos que día a día ahogan a los generadores de fuentes de empleo y bienestar para las clases menos favorecidas.
Seguramente él no hizo el ejercicio matemático porque no tiene la necesidad de preocuparse de cancelar Iva, retefuente, impuesto predial e impuesto al patrimonio, como sí le sucede a aquel empresario que genera empleos y trabajos para hogares con menores ingresos en el Magdalena, el cual debe cancelar anualmente alrededor de 175 millones de pesos por los conceptos antes mencionados y eso, sin señalar, la cancelación de aportes al Sena, Icbf, Cajamag, pensión, salud y otros, los cuales pueden rondar alrededor de 80 millones, dando aproximadamente una suma de 450 millones de pesos al año.
No se ha preguntado el gobernador Cotes Habeych ¿cómo hacen los empresarios del Magdalena para cancelar y cumplir con el gobierno Nacional, para imponer otro impuesto mas y precisamente en el recibo de un servicio público que ya es bastante alto de por sí?
Repetimos, ni se lo pregunta ni lo piensa, porque no tiene la necesidad de recaudar y cancelar impuestos sin ninguna dificultad, porque los suyos son generados por las comisiones de los cuantiosos contratos con empresarios barranquilleros que aportaron a su campaña electoral, y con ellos, sí hay que cumplir aunque sea a costa de estrujar el bolsillo de sus gobernados.
Los colombianos de bien pagan sus impuestos para que los gobiernos aseguren sus vidas y sus bienes, los cuales pueden rondar entre 11 y 12 billones de pesos anuales. Con estos dineros recaudados se deben generar vías que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que los campesinos tengan la posibilidad de abrir otros mercados a sus productos; se deben generar hospitales y centros de salud para garantizar cobertura sanitaria según el deber constitucional; se deben generar educación, para que Colombia avance y sea una nación próspera y rica en conocimientos y avances científicos; y debe generar seguridad para que los ciudadanos puedan libremente trabajar por su bien y el bien común de sus asociados, en acuerdos mutuos con el gobierno.
Entonces, ¿si ya se paga por la seguridad y la tranquilidad de vivir en paz, porque debemos hacerlo doblemente con la 'Tasa Mello'?
Sencillamente por la razón de que nuestro burgomaestre departamental en estos desafortunados años de gobierno no ha mostrado habilidad y capacidad de emprendimiento y gestión para administrar los dineros recaudados que deben garantizar nuestras vidas, salud y educación, todo esto debido a la ausencia de políticas serias, claras y honestas que conduzcan al mejor rendimiento del patrimonio económico del departamento.
¿Quién defenderá al contribuyente de todos estos actos de corrupción, de las trapisondas y de la gruesa capa la mermelada existente por todos lados? ¿Quién va a defender al progreso del Magdalena, si los empresarios tienen que cancelar la 'Tasa Mello' para enriquecer a otros? ¿Tendrán los empresarios la necesidad peligrosa de reducir las fuentes de empleo para poder pagar la 'Tasa Mello'? Si es así, ¿qué va a pasar si se bajan los índices de empleos debido a los altos impuestos que se deben cancelar en el departamento?
Más bien lo que debe hacer el gobernador Cotes Habeych es imponer la 'Tasa Mello' en los contratos para la Vía a la Prosperidad; el enrocado del Kilómetro 19; a los chupasangre que administran los Hospitales del Magdalena, adscritos a una dudosa nómina de negociadores barranquilleros, todos ellos que contribuyeron a que llegara al Palacio Tayrona el mejor acordeonero del Magdalena.