La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) -ambas vinculadas al Departamento de Estado de ese país- se encuentran bastante activas en su tarea de socavar política y moralmente a los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.
Las redes a través de las que "triangulan" sus planes y financiamientos para la injerencia y la subversión son varias, una de ellas es el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) que articula a organizaciones en Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Las actividades de GALI, desde fines de la década de los 90, se han intensificado y no por "casualidad".
Se lo hace en una coyuntura política latinoamericana, caracterizada por la irrupción de una tendencia general que se ha puesto a contra-ruta del neoliberalismo como "camino inevitable" y sistema interamericano de dominación y que ha dado nacimiento a mecanismos y foros alternativos de integración y concertación política, en desmedro de la hegemonía estadounidense, como UNASUR, ALBA y la CELAC.
La plataforma desde la que actúa esta estrategia de injerencia y subversión ideológica es algo con lo que nadie podría estar en desacuerdo si no descubre el fondo de sus objetivos: derechos humanos y libertad de expresión.
Ahí está muchas veces su relativo éxito, sobre todo en sectores sociales reticentes a una alternativa al capitalismo. El libreto es el mismo, lo que se modifica son sus operadores y los lugares geográfico-políticos de su implementación.
Los blancos del ataque, vaya paradoja, son los líderes de los procesos políticos en los cuales, más bien, se están registrando procesos de ampliación de la democracia y la igualación social a niveles nunca antes vistos.
Pero para estos sectores nada vale la condición de posibilidad de superación de la igualdad y libertad formales hacia la igualdad y libertad sustantivas. Esa es una democracia a la que le tienen miedo.
El combate contra ese tipo de acciones contra-hegemónicas al capital, se da desde todos los frentes: el mediático, el político, el cultural y obviamente el militar cuando se hace necesario.
Para cada uno de esos frentes se tiene instrumentos y redes de ejecución. Uno de ellos, que nos interesa ahora, es la denominada Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afines a Washington y financiadas directamente por agencias estadounidenses o mediante "terceros" actores. GALI es una de ellas.
La dirección ejecutiva de esa meta-organización siempre ha recaído en un periodista de un país en el que se considere decisiva su presencia para defender la libertad de expresión, los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales.
Hasta noviembre de 2013, la responsabilidad estuvo en manos de Cesar Ricaurte, presidente de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (FUNDAMEDIOS) del Ecuador que, en articulación con otras organizaciones, desarrolló una ardua resistencia a todas las iniciativas de la revolución ciudadana y en particular a la Ley de Medios finalmente aprobada por el gobierno de Rafael Correa.
De acuerdo a los cables Wikileaks, César Ricaurte -en ese momento convertido por los medios a los que antes criticaba en una especie de adalid de la libertad de expresión-, figuraba junto a otros periodistas de medios privados (Carlos Jijón, Jorge Ortiz, Alfredo Negrete), como informante de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Sin que se haya abandonado la idea de subvertir la revolución ciudadana, a partir de un diagnóstico de la situación de la libertad de expresión en Bolivia, caracterizada por estar "bajo acoso permanente", según reza la oposición y la cercanía de las elecciones generales, GALI nombró al periodista Raúl Peñaranda, de nacionalidad boliviano-chilena, como a su nuevo Director Ejecutivo.
La designación del periodista se hizo poco después de que éste renunciara a la dirección del matutino Página Siete de La Paz, como resultado de una supuesta "alianza" entre la Iglesia Católica y el gobierno para atacarlo "vilmente", según sostiene en su campaña de auto promoción.