Finalmente se impuso la tesis del gobierno. El Consejo Nacional de Estupefacientes acogió el jueves la reciente petición del presidente Juan Manuel Santos y suspendió el uso del herbicida glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos ilícitos, en una votación que quedó siete a uno.
El Consejo estaban todas las voces, incluida la del Procurador, Alejandro Ordoñez, el único funcionario que estuvo en desacuerdo con la prohibición del herbicida y que tenía unas tesis bastantes interesantes que no fueron tenidas en cuenta; por su lado, Ministerio de Salud indicó recientemente que la Organización Mundial de la Salud sostuvo en un informe que a la larga el glifosato podría ser cancerígeno.
La suspensión se hará efectiva a partir del momento en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revoque el plan de desarrollo ambiental que cobija o permite hasta este momento la aspersión con glifosato.
A más tardar en un mes, un comité técnico deberá entregar un informe con las recomendaciones para ajustar la nueva política contra las drogas en el país de acuerdo con esta realidad que implica la suspensión del glifosato y que al parecer está en la larga y extensa lista de peticiones y exigencias de las guerrilla de las Farc, que a través de sus delegados en La Habana, han logrado la aceptación del gobierno, en esas peticiones. Pero nos preguntamos, ¿qué mas ha cedido el gobierno nacional que el pueblo colombiano no sepa?
Hace una semana Santos habló de un período de transición para reemplazar las aspersiones de glifosato con otros mecanismos; por ejemplo, dijo, intensificar la erradicación manual de los cultivos de hoja de coca en el país recordando que la Corte Constitucional, máxima instancia judicial del país, emitió un fallo en el que le dijo al gobierno que averiguara si el herbicida podría tener efectos nocivos sobre la salud humana.
A raíz de este pronunciamiento presidencial, muchas fueron las posiciones al respecto. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, observó el 28 de abril que usar o no usar glifosato es decisión soberana del gobierno de Colombia, una de las más significativas y que seguramente la tuvieron en cuenta para esta decisión.
En las dos últimas décadas, más de 1,6 millón de hectáreas han sido fumigadas con el herbicida para matar las plantas de coca, de cuyas hojas se obtiene la cocaína y contratistas estadounidenses llevan a cabo parte del programa.
Un informe de la Casa Blanca de la semana pasada dio cuenta de que el cultivo de la hoja utilizada para la elaboración de cocaína se disparó el año pasado en Colombia. Después de seis años consecutivos de disminución, la cantidad de tierra dedicada al cultivo de coca en Colombia aumentó un 39% en 2014, al pasar a 112 000 hectáreas (aproximadamente 27 000 acres), según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.
La producción potencial de cocaína, de acuerdo al rendimiento medio de los cultivos, se incrementó en 32% hasta alcanzar las 245 toneladas. El gobierno de Estados Unidos utiliza satélites para supervisar anualmente la cantidad de tierra dedicada al cultivo de la hoja en países andinos como Bolivia, Colombia y Perú, que la cultivan exclusivamente.
Varios funcionarios antinarcóticos estadounidenses y colombianos han reconocido la eficacia del programa con el argumento de que hay un riesgo aún mayor para el medio ambiente y para la salud de los agricultores si se relanza la producción de cocaína utilizando peligrosos productos químicos que proliferarían sin control.
En este orden de ideas, el gobierno colombiano tiene que dedicar a los miembros de la Fuerza Pública para adelanten los procesos manuales de erradicación, por lo que seguramente utilizara al personal que salvaguarda la seguridad de los colombianos en las fronteras y ciudades; sin embargo, para el gobierno, el éxito de las conversaciones de paz será un punto a favor, porque pueden desplazar a los militares a realizar a esta tarea y no a la lucha contra la subversión. Es una apuesta arriesgada; llevamos casi tres años y no se vislumbra un acuerdo de paz que garantice que la Fuerza Pública se puede dedicar a otras tareas. Amanecerá y veremos.