Las denuncias frente al caso del magistrado Pretelt ilustran el lamentable escenario de la justicia para los llamados aforados. En Colombia -aunque parezca mentira- los magistrados de las altas cortes y el fiscal, ostentan los privilegios de aforamiento que en otros países están reservados para el jefe de Estado.
Para que la justicia establezca si el magistrado Pretelt es culpable o no, la denuncia tendría que prosperar ante la inoperante Comisión de Acusaciones.
De allí, la misma denuncia tendría que ser acogida por la mayoría de la plenaria de la Cámara de Representantes, para luego pasar a una Comisión de Juzgamiento en el Senado. Si la comisión lo encuentra culpable, el veredicto tendría que ser ratificado con altas mayorías en la sesión plenaria del Senado.
De serlo, el proceso penal se iniciaría en la Corte Suprema de Justicia. Serán entonces, los pares de la Suprema quienes decidan. Este absurdo proceso, es un sofisticado escondite para la total impunidad.
Lejos de buscar depurar este procedimiento, la reforma al equilibrio de poderes del Gobierno agrava la situación de impunidad. Anuncia la eliminación de la Comisión de Acusaciones, creando un mal llamado "Tribunal de Aforados".
Jueces provenientes de listas hechas por la Sala de Gobierno Judicial (el nuevo Consejo Superior) decidirán si se investiga o no; pasada esta etapa, se iniciaría el tortuoso proceso ya descrito.
La ventaja -para los aforados- es que el Tribunal estará integrado por investigadores nominados por la rama que pretende investigar. La actual Comisión, por mala que sea, es del Congreso; el Tribunal, en cambio, sería una entidad que decide si se juzga o no a sus colegas.
El juzgamiento de altos funcionarios debe parecerse más al establecido para los ciudadanos del común que al previsto para el rey de Inglaterra. Centro Democrático presentó un proyecto (Gaceta 475 de 2014) que contemplaba la creación de un verdadero Tribunal para la acusación y juzgamiento de los aforados.
Respeta el principio de la doble instancia y elimina como instancias dentro del proceso al Congreso -pues no se trata de un juicio político- y a la Corte Suprema -pues no se deben juzgar entre ellos. Nuestro proyecto fue silenciosamente ignorado por la bancada del gobierno.
Ni siquiera fue debatido. Resignados a que solamente se debatiera la reforma del Gobierno y con escasos parlamentarios de otras bancadas, impulsamos una proposición para modificar el sistema de aforamiento. Fuimos aplastados por las mayorías de Santos y prevaleció el esperpento que mentirosamente se llama "Tribunal de Aforados".
La semana entrante tendrá lugar en Comisión I de Senado el quinto debate sobre tan polémico sistema. Es quizás la última oportunidad para que se hunda el "mico" actual y se concrete un tribunal autónomo con verdadera capacidad para investigar, juzgar y sancionar a los altos dignatarios del Estado.
Este gobierno ha mostrado que solo la presión mediática es capaz de hacerlos reconsiderar ante los errores. A eso los invito: atajemos los mezquinos intereses que promueven la reforma.