¿Dónde están las garantías sin ley? La Ley 996 de 2005 sobre garantías electorales pretenden eliminarla. Iniciativa que ha originado una polémica de carácter mediático que ahora se debate en el seno del Congreso de la República con un mensaje de urgencia para derogarla. Es de destacar que el propósito razonable que encierra esta Ley focalizado a mantener un equilibrio coherente en torno a la oposición para que se cumpla un propósito democrático verdaderamente participativo, pluralista y equitativo.
Esta Ley que debe permanecer en el panorama jurídico, fijó topes en los gastos de las campañas, compensa las inmensas ventajas que de entrada tiene el mandatario en ejercicio como candidato; pero lo más trascendente es que queda prohibido la contratación directa y los convenios interadministrativos por parte de todos los entes del Estado. Los preceptos de esta Ley desde el momento mismo de su implementación y promulgación, ha ilustrado un proceso democrático, ajustado a los principios éticos y reglamentos normativos acoplados al clamor popular de alcanzar una justicia con equilibrio social. Bajo este contexto de equilibrio democrático es necesario recordar que en el pasado el riguroso cumplimiento de esta norma se plasmaba; pero ahora como un caso inaudito y por demás sorprendente el presidente Santos ha presentado esta propuesta dislocada al Congreso para tumbarla. El impacto inmediato que ha causado a nivel nacional la iniciativa en referencia ha sido de gran confrontación, lo que ha suscitado un aluvión de críticas en la radio, T.V, prensa y en la calle; se estima que el fallido proyecto, será de igual manera otro rotundo fracaso del Ejecutivo Nacional; coyuntura esta que obedece a apetitos políticos enmarcados en la celeridad del proceso de cese al conflicto con las Farc. Paradójicamente gobernadores, alcaldes, diputados y concejales se muestran a favor de la iniciativa gubernamental.
En virtud a esta exposición cabe preguntar ¿De qué sirve la aplicación de la ley de garantías para los colombianos? ¿En qué favorece a los candidatos de las maquinarias? ¿Es justo o no eliminar esta ley? Opinando sobre estos interrogantes es conveniente aseverar que la puesta en práctica de la ley de garantías tiene como fundamento esencial la adopción de un sistema democrático, equilibrado, inclusivo que no dé pie al revanchismo ni a los intereses mezquinos y mediáticos por lo que es fácil deducir que su vigencia favorece a los colombianos; pues no se trata de ningún retroceso, antes por el contrario es el camino correcto. En cuanto a los aspirantes candidatos a las corporaciones públicas, atornillados e imantados al poder dominante son sin lugar a equívocos los directamente beneficiados frente al sector de la oposición; para materializar un ejemplo los candidatos en referencia gozan de la mermelada, la aceitada por los gobernantes de turno. El tercer interrogante de acuerdo a mi criterio propicia una reflexión muy rigurosa y analítica de lo que está pasando en el país, "el teatro de lo absurdo" por lo que estamos obligados a fortalecer su estructura institucional en vez de acabarla, este es el sendero legítimo.
A diferencia del pasado que se pataleaba y se opinaba poco en voz baja e hipócrita, sin resultados positivos; en la actualidad se patalea, manotea y se exponen argumentos válidos para no recibir el garrotazo oficial; ayer de todas formas se recibía, sin tener en cuenta la opinión.
¿Qué le pasa al presidente Santos? tal parece que en el país se ejerciera el derecho al revés, a mi parecer se está imitando al cangrejo. No estamos biches como ayer, hoy más maduros, pero no como el vecino que en el momento hace y deshace.