El diseño institucional de la Constitución del 91 tiene protuberantes defectos surgidos del intento de limitar el Congreso que entonces era una institución muy desprestigiada, y por ello le otorgó mayores poderes a la Rama Judicial como alternativa de poder. Hoy es evidente que hay un estruendoso desequilibro entre las ramas del poder público. Un régimen presidencialista acompañado de una Rama Judicial poderosísima sin controles de ningún tipo y un Congreso débil a merced de las otras dos ramas.
Esta situación le otorga al Gobierno el control total sobre presupuesto nacional. Los Congresistas que busquen inversiones para sus regiones tienen que someterse a los designios del Gobierno. No hay posibilidades de ejercer la oposición o el control político, y lograr inversiones nacionales para su región. Por eso, le queda fácil al Gobierno amenazar ilegalmente a la ciudadanía, diciendo que si no votan por candidatos del Gobierno no habrá inversión en la zona.
La Rama Judicial so pretexto de ser independiente no tiene ningún control. Esa carencia dio como resultado toda la corrupción que conocemos. En la mayoría de los casos, se eligen por cooptación y con periodos fijos, no tienen necesidad de escuchar o atender a los ciudadanos o someterse al examen público. Ellos mismos se eligen, eligen a sus sucesores y se juzgan, pues es la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura los llamados respectivamente a investigar las conductas penales de sus propios integrantes y a disciplinarlos. Es la rama autócrata, ningún ciudadano, ningún poder público puede exigirles nada. No cumple tampoco con sus funciones, es ineficiente e injusta. Y no es posible reformarla porque el Congreso le teme a las Cortes, encargadas de juzgar en única instancia a los Congresistas: la Corte Suprema por asuntos penales y el Consejo de Estado por pérdida de investidura.
Enmendar semejante desequilibrio debería entonces fortalecer el Congreso, imponerle límites y controles a la Rama Judicial y disminuir los poderes presidenciales. Sin embargo, el proyecto de "equilibrio de poderes" del Gobierno sólo agrava la situación.
Se hace una mímica de avance, creando un tribunal de aforados para que investigue a los aforados, pero una vez acusados vuelven a la Corte Suprema de Justicia. Con un agravante de que al menos la inoperante comisión de acusaciones era compuesta por Congresistas; la Comisión de Aforados será elegida por la propia Rama Judicial. Siguen investigándose disciplinariamente, siguen eligiéndose por cooptación, con un concurso de méritos previo, que ellos mismos organizan.
Un simulo de control se esboza con el juicio político de los magistrados por el Congreso. Nada nuevo, y este como el que hoy existe tampoco funcionará, pues ningún congresista se atreverá a perseguir un magistrado, cuando los otros magistrados, en única instancia, pueden procesar penalmente o con pérdida de investidura a los congresistas.
Y el Congreso seguirá siendo lo que es una institución sometida al poder del presiden-cialismo, donde ministros nombrados son jefes de los parlamentarios elegidos democráticamente. Incapaz de legislar con independencia. El proyecto de equilibrio de poderes es otra oportunidad pérdida, nada cambiará.
