La crisis de la institucionalidad colombiana desatada por el escándalo de la Corte Constitucional, ha generado propuestas tendientes a solucionar la crisis de la justicia. Ninguna de las hasta ahora planteadas propone una solución efectiva.
El problema de la institucionalidad es sistémico y generalizado, e incluso va más allá de la institucionalidad y trasciende al ethos ciudadano.
En el caso de la justicia, la honestidad y la sapiencia jurídica deberían ser requisitos mínimos para cualquier togado y no casi que requisito único como parece sugerirlo el gobierno.
El mecanismo que se utilice para finalmente rediseñar las instituciones es asunto de menor cuantía.si las personas que se encargan de hacerlas son idóneas.
Sin embargo, la coyuntura actual no permite que se haga una transformación profunda de las instituciones.
Antes hay que limpiar la casa y mantenerla limpia por un largo período, y entonces sí dar el paso de pensar y hacer unas reformas serias.
Es inaceptable y poco ético que el presidente Santos quiera abrogarse la facultad de elegir los togados idóneos que deben sentarse en las altas Cortes.
Un gobierno que ha demostrado un apetito voraz a la hora de tomarse gremios, medios de comunicación y todo lo que pueda, mal podría ser el encargado de eliminar la politiquería y la corrupción que ésta genera.
La última audacia que consistió en haber atornillado a su hombre de confianza en la presidencia de Ecopetrol genera muchas sospechas.
El tema de la corrupción es de tal gravedad, que ni siquiera el presidente Santos merece el beneficio de la duda.
Las soluciones que se requieren son de fondo y no de forma, y creo que ha llegado el momento de tomar el toro por los cuernos. ¿Cómo limpiamos la casa?
Propongo que todos los miembros de los tres poderes públicos a nivel nacional, Fuerzas Militares y de Policía y los expresidentes vivos y activos políticamente, se sometan a una prueba de polígrafo manejada por expertos de varios países amigos.
Aquellas personas que no pasen el test deben perder su investidura inmediatamente y además ser privados de la libertad, sin derecho excarcelación o reducción de pena, por 40 años.
Pena que debería pagarse en una cárcel de máxima seguridad. Adicionalmente todos los bienes deberían ser confiscados, y privados de cualquier privilegio, propio o derivado, adquirido por su condición de trabajador del Estado.
Los que quieran ocupar cargos en cualquiera de las tres ramas del poder público deberían ser sometidos al mismo test. Y este test debería ser repetido una vez al año para asegurar que la casa permanece limpia.
Propongo hacer esto por un lapso de 10 años, y sólo después pensar en constituyente o cualquier otro mecanismo para reformar el estado y las instituciones.
Estoy seguro de que si hacemos lo que aquí propongo Colombia sería un país muy diferente al final de los 10 años y habríamos logrado revertir la tendencia de degradación de las instituciones.
Más importante aún, lograríamos una sociedad más justa y en paz. La gravedad de lo que está sucediendo con nuestras instituciones demanda una solución radical que nadie está planteando.
El saneamiento de las instituciones es muchísimo más importante para la paz y la justicia que cualquier acuerdo negociado que pueda salir de La Habana.
Aunque la solución que aquí planteo o alguna de similar naturaleza, son las únicas capaces de lograr una transformación de fondo, mucho me temo que ni al presidente ni a los expresidentes ni a la mayoría de los que hoy ostentan dignidades públicas, les atrae la idea. ¿Por qué? Porque como dijo el defenestrado togado Pretel: si me voy yo, nos vamos todos.
