Tacada adelante

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Ricardo Villa Sánchez

Ricardo Villa Sánchez

Columna: Punto de Vista

e-mail: rvisan@gmail.com

Sigue el escándalo y la batalla mediática dentro del mal llamado 'carrusel de la contratación en Bogotá', al punto de que ya se ha hablado de suspensión, de destitución y de inhabilidad para Samuel Moreno, y a que mientras el Alcalde de Bogotá se defiende manifestando que es una campaña de desprestigio y que las autoridades en una especie de gavilla entre todas las ías, lo consideran unos supuestos hechos graves de corrupción que deben ser investigados; para los mass media, por su parte en su, como lo llamaría Becassino, marketing del juego sucio, con poca veracidad, quizás violando el debido proceso y la reserva del sumario, dan por ciertos estas presunciones mediante ataques mediáticos y demás rumores, buscando destruir la imagen de los actores en cuestión, quizás sirviendo a intereses políticos y sin descontar que, en un espacio favorable a los acusados, podrían someterse a distintas situaciones jurídicas, siendo la más benévola el derecho de rectificación.

Pero no todo es color de rosa, en un escenario adverso para el actual Alcalde de Bogotá, quizás por la vía de trámite disciplinario, se podría llegar a una eventual suspensión provisional o, más allá, a una destitución de su cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas para Samuel Moreno. No valdrían defensas jurídicas ni campañas mediáticas, sino que se buscaría sellar una inminente acta de defunción del partido Polo Democrático Alternativo y se abrirían las puertas para una alternancia en el poder en la capital de la República.

El caso del alcalde de Bogotá no es el único, existen precedentes de las actuaciones del actual Gobierno Nacional en casos similares, por ejemplo en un hecho sin precedentes la Contraloría General de la República, mientras se desarrolla una investigación de carácter fiscal por un eventual detrimento patrimonial en la ejecución de recursos públicos, contra el Gobernador del Departamento del Magdalena, lo suspendió provisionalmente mediante resolución ejecutoriada para supuestamente evitar que influyera en el trámite de la decisión, razón por la cual el Presidente de la República, habría nombrado al viceministro del Interior, Aurelio Irragorri, como gobernador encargado, mientras el Partido de la U presentara su terna y posteriormente encargó al general en retiro Manuel José Bonnet Locarno.

En un caso de igual forma parecido ante la muerte del gobernador del Guaviare, Dagoberto Suárez Melo, del Partido de Integración Nacional el pasado 4 de diciembre, ante la indecisión de su partido para definir terna para presentar al Presidente de la República, se nombró como gobernador encargado al Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo.

En el departamento del Valle del Cauca desde cuando fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General el ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por una eventual participación en política durante la campaña presidencial a favor del ex ministro Andrés Felipe Arias, a pesar de que se negaba a entregar su cargo hasta el punto de interponer una acción de tutela que le fue negada; de que supuestamente con aval desde la cárcel La Picota se enviara una terna al presidente que rechazó; y de que según el ordenamiento electoral se debía convocar a nuevas elecciones por el término faltante del período; ninguno de estos supuestos se dieron, sino que el Presidente de la República encargó a Francisco José Lourido, de quien se dice pertenece al grupo político del Vicepresidente de la República.

Después del nombramiento de Lourido, el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quién también participó del gobierno de Angelino Garzón en el departamento del Valle, propuso que teniendo en cuenta la tragedia invernal que no sólo es geográfica sino también social, se cancelarán las mencionadas elecciones atípicas del 23 de enero de 2011, y que estos recursos se destinaran para ayudas humanitarias a los damnificados del invierno.

Sin embargo, según las normas electorales, era procedente citar a nuevas elecciones para terminar el período de Gobernador del Valle, por lo que el Presidente de la República mediante decreto convocó a los comicios para el 23 de enero de 2011, destinando cuantiosos recursos para el día D. Sin embargo, en plena nochebuena, también por decreto, y en medio de la declaratoria del estado de excepción de emergencia social, ecológica y económica para enfrentar el invierno, las suspendió indefinidamente.

Es posible que en Bogotá se nombre temporalmente a un alto funcionario del Gobierno Nacional mientras se desarrollan las gestiones internas del PDA para señalar una eventual terna, pero al respecto hay que tener en cuenta que la última instancia es la firma del decreto de nombramiento de alcalde encargado por parte del Presidente de la República y que éste, inclusive, puede objetar una terna o dilatar su nombramiento o, también, designar hasta terminar el mandato quizás a alguien que haya girado en torno al Polo Democrático Alternativo, aunque actualmente su militancia se encuentra en entredicho, como María Emma Mejía, del círculo cercano del presidente Santos, o algún miembro de la Corriente Democrática de Gustavo Petro o a algún amigo del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, que estén aún afiliado al PDA.

En estos reconocidos casos Juan Manuel Santos, como un cónsul romano, ha encargado a una especie de Praetores con funciones de provinciae consulares, es decir, con un imperiun parecido al del cónsul de la capital pero limitado al gobierno de la respectiva región y para que le rindan detalladas cuentas al Presidente, pero sin que medie la votación popular, casi volviendo al status quo de la Constitución de 1986 en la que el presidente era quien tenía la discrecionalidad de designar gobernador en los departamentos.

El Presidente podría, de acuerdo con esta tendencia, nombrar en Bogotá a un alcalde encargado de su bolsillo, hasta cuando en mayo de 2011 empiecen a regir los efectos de la llamada ley de garantías electorales, y en ese sentido quedarían 'amarradas' las elecciones de mitaca y si se aprueba una terna a partir de abril, sería un riesgo político o una 'quemazón' para quien lo asuma porque se convertiría en un convidado de piedra con las manos atadas. Un futuro oscuro en el nuevo año para la posibilidad de continuar el proyecto democrático en la capital.

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