La reparación a las víctimas en Colombia depende del presupuesto

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Escrito por:

José Noriega

José Noriega

Columna: Opinión

e-mail: jmartinnoriega@hotmail.com



"Un muerto es una tragedia; tres mil muertos son una estadística." José Stalin

En medio de la promiscuidad democrática con la cual el Congreso colombiano se dedicó de lleno a sacar adelante la agenda legislativa que le impuso el gobierno, sobresale ésta que ha sido diseñada y defendida por el partido Liberal, en la que se propende por reparar a todo aquel que ha sido víctima de una agresión y para ello es imperativo que responda el Estado, la misma que ha terminado hecha jirones porque ante tanto eunuco social, ésta ha perdido su fuerza inicial y terminará por convertirse en otro esperpento más que simplemente será un saludo a la bandera.

Tal como salió aprobada a los pupitrazos en la Cámara, -para seguir su camino en el Senado-, nuestros epónimos parlamentarios consideran que esta Ley sólo cobijará a aquellas víctimas de hechos acontecidos después del primero de enero de 1991, decisión esta que ha generado toda clase de suspicacias y discernimientos al interior del propio Congreso, fundamentalmente entre los integrantes de la izquierda colombiana, habida cuenta que durante los años ochenta se gestó el genocidio contra la UP y se dieron también las masacres en el Urabá antioqueño, la Rochela, Segovia, el Magdalena Medio, al tiempo que el despojo de tierras en Córdoba, entre otros, que dejaron centenares de muertos y víctimas, lo mismo que se dieron magnicidios de figuras prominentes de la izquierda, incluyendo algunos candidatos presidenciales.

La discusión tiene su génesis en que representantes de algunos partidos políticos, como el Conservador y la U, intentaron boicotear el proyecto si este tomaba como punto de referencia el año 1984 y para ello argumentaban, -que pobreza y mezquindad, por Dios-, que no había plata para tanta gente, y mucho menos ahora con esa ola invernal que ha despedazado a gran parte del país, con lo cual anteponían que la reparación a las víctimas no es cuestión de reparación como tal, ni mucho menos interesa la realidad social de quienes sufrieron el ímpetu avasallador de los agentes causantes, sino que todo se circunscribe a un absurdo e irrespetuoso asunto de dinero: ahí está pintado este país y su proxeneta clase dirigente, que como en los burdeles de mala muerte, somete el deseo y la ilusión a una simple rebaja en la tarifa.

Algunas personas de mayor talla intelectual y consecuentes con la realidad social que ha vivido el país a través de los años, como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, consideraban, después de escuchar a diferentes actores y víctimas del conflicto, que este debería tener como base para su proyecto de reparación el año de 1964, por cuanto en ese año nacieron las Farc y allí empezó el resquebrajamiento social de la patria, muy a pesar de que también argumentan que fue durante los años 80 que recrudeció la violencia a gran escala en el país.

Sin embargo, a pesar de que estos argumentos calaron en la mayoría de quienes estudiaban el tema, incluido el gobierno, le salió una quinta pata al gato, y esta provino de parte del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien consideraba que hacerlo a partir del año 1984 podría ser una imprudencia ya que al haber transcurrido más de veinte años, se estaría gestando su inviabilidad ante una posible prescripción, sobre todo dentro del proceso de restitución de tierras y, -quién dijo miedo-, todos los parásitos democráticos que siempre se pliegan a la mayoría, encontraron el nicho perfecto para mostrar su genuflexión al gobierno y se olvidaron de que las víctimas deben ser reparadas desde siempre y desde antes, sin importar para ello una fecha marcada obcecadamente en el calendario, negando con ello una oportunidad histórica de demostrar que el Estado es para todos y debe buscar el beneficio para todos, sin exclusión

Ahora bien, como no todas las víctimas requieren ni exigen una reparación o restitución de tierras, sino un reconocimiento simbólico, sobre todo por parte del Estado, en las entrañas del partido Liberal se está incubando una propuesta intermedia que permita contemplar la reparación total de las víctimas a partir de 1984, y que la restitución de tierras se haga a partir de 1991, propuesta esta que parece muy salomónica y que demuestra, una vez más, que la reparación a las víctimas no depende de su magnitud, sino del costo fiscal, con lo cual y duele decirlo, se demuestra que en este país del absurdo las cosas terminan plegándose a lo económico, ya que los muertos valen en la medida en que haya plata.