Todos los colombianos tenemos fijadas las imágenes de los damnificados por el invierno, y nosotros los barranquilleros, las caras de desolación de nuestra gente del sur. Pero hay más: los "chismes" que trasteaban eran un claro testimonio de su infinita pobreza. Las viejas neveras, los colchones usados durante años, las mecedoras, el televisor de hace 15 años... ¿Alguien vio una pantalla plasma o una nevera de tres puertas? ¿O algún carro nuevo o viejo? Esta referencia es pertinente ahora que la discusión parece centrarse, no solo en el sur del Atlántico sino en todo el país, sobre si la estrategia debe ser reconstruir esos pueblos inundados o reubicarlos.
Lo primero que debe señalarse es que los únicos que no deben tomar esa decisión son los desprestigiados políticos a quienes, con razón, se les atribuye gran parte de la responsabilidad de la magnitud de la tragedia. Lo segundo, es que tampoco deben tomarla aquellos que creen que se beneficiarán personalmente de una u otra decisión. Lo tercero, es que en gran medida debe ser una respuesta donde los expertos tengan mucho que aportar, de manera que se conozca el grado de vulnerabilidad de las zonas afectadas. Estos inviernos desmesurados, así como las sequías futuras, llegaron para quedarse de manera que, no puede tomarse esta situación como excepcional. El cambio climático está modificando el mundo y Colombia es un país vulnerable.
Pero probablemente, lo más importante de esta decisión es la voluntad no solo política del gobierno sino de todos y cada uno de nosotros, de tomar esta oportunidad para pagar la infinita deuda social que los sectores privilegiados de este país tienen con los 20 millones de pobres, de los cuales más del 10% pasaron hoy a estar peor que los indigentes: sin techo, sin sus precarios bienes, sin sus animales, sin sus viejos muebles y enseres. Y sobre todo, sin su entorno, sin sus amigos y todo lo que les era familiar. Además, algo muy angustioso: sus hijos sin las pequeñas y pobres escuelas; sin los malos servicios de salud. En fin, sin nada fuera de la ayuda humanitaria que están recibiendo y la esperanza de un futuro mejor.
Es muy probable que tengamos que pagar más impuestos, pero bienvenidos si se destinan a sacar a esta población afectada de su situación actual, y así aprovechar la oportunidad para subirles de estatus: unas casas dignas, no unas cajas de fósforos construidas por unos avivatos, en zonas de alto riesgo, con el beneplácito de mandatarios corruptos y con los servicios públicos adecuados. Además, ellos mismos con programas de empleos de emergencia organizados por los gobiernos locales con el apoyo del nivel central, para que ayuden a reconstruir o a reubicar sus poblaciones. Colegios decentes, centros de salud de mejor calidad, todo esto es posible si se toma la decisión colectiva de reparar a estos ciudadanos de todo lo que este país y esta sociedad insolidaria, les ha negado. No basta con donar dinero y mercados de emergencia. Se trata de usar esta tragedia para elevarlos a ciudadanos de primera.
En síntesis, la discusión va más allá de reubicación o reconstrucción. Se trata de cambiarle la vida positivamente a estos más de 2 millones de compatriotas que tienen todo el derecho de tener una situación digna, y que por decisiones erradas de distintos gobiernos a todo nivel, apoyadas por los sectores privilegiados, han tenido que sufrir como nadie los azotes de la nueva realidad mundial.