Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.
(Charles-Louis de Secondat.-Montesquieu-político francés)
Después de más de dos meses de estar paralizada la justicia en Colombia y de observar cómo se rasgan las vestiduras los ignorantes y amanuenses del gobierno, los mismos que no tienen idea de lo que hablan y se dedican a incendiar la realidad y hablar tonterías, el pueblo colombiano es testigo de las aberraciones laborales por las que siguen transitando y siendo víctimas los servidores públicos de la rama judicial, quienes observan con vergüenza la forma calenturienta y pendenciera con laque el gobierno pretende desconocer el contenido de las leyes laborales que protegen a la clase trabajadora colombiana, la misma que ve con buenos ojos como se puede dialogar con unos terroristas despiadados y desalmados y no entiende cómo no lo hacen con los trabajadores de la justicia, habida cuenta que el gobierno ha demostrado que el paro de la rama judicial le importa un soberano pepino, por cuanto y a fin de cuentas, qué importa un paro en un país donde todo anda manga por hombro y en donde la primera autoridad gubernamental está más pendiente de otras pendejadas insulsas y le da la espalda a la realidad nacional.En medio de la vaca loca en que se encuentra sumergido este país falto de seriedad, aparecen el ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado y el súper ministro Néstor Humberto Martínez Neira y se jactan en pregonar que el gobierno no tiene nada más que dialogar con los servidores de la rama judicial en paro y argumentan que todo ya se dijo y quedó en claro, aduciendo para ello que a esos servidores públicos se les ha aumentado el salario en aproximadamente un cuarenta por ciento, una mentira del tamaño de una catedral pero que ha sido acogida por tanto badulaque genuflexo de algunos medios de comunicación que repiten como loros, sin tomarse la molestia de investigar si es cierto o no y sencillamente se vienen lanza en ristre contra esos servidores públicos acusándolos de vagos y de no querer trabajar ni dejar trabajar a los que si quieren hacerlo.
Es imposible entender como la directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, Gloria Elena Borrero, sale a decir que solamente están en paro entre un quince y un veinte por ciento de los funcionaros y empleados de la rana judicial y que son más los que quieren trabajar que los vagos, una completa aberración y un adefesio laboral por cuanto con un solo trabajador que se encuentre en paro es suficiente para que un gobierno de un país serio se dedicara a solucionar ese inconveniente, pero aquí no pasa nada porque estamos acostumbrados a una justicia retardataria y tardía, sin que pase absolutamente nada
De igual manera y en medio de una crasa ignorancia, esos dos famosos personajes gubernamentales pregonan que ya en el 2012 se solucionó el problema salarial con la concesión de una bonificación salarial, en aplicación de la Ley 4ª de 1992, sobre la cual se producen descuentos para pensiones y salud, peo no sirven como factor salarial para los demás componentes del salario, otra aberración laboral que ocurre y sobre lo cual el ministro de Trabajo pasa de agache y nada dice, y eso que viene de los ovarios y entrañas de la clase trabajadora sindical, pero como en casa de herrero, azadón de palo, aquí no pasa nada, por cuanto, piensan ellos, a los muertos de hambre de la rama judicial ya les mataron el hambre con esa bonificación.
Argumenta el gobierno, en cabeza de esas joyas ministeriales, que el paro le ha costado cien mil millones de pesos y aunque la petición de los trabajadores cuesta alrededor de cuatro mil millones, ni siquiera merecen que seles invite a dialogar, pero en cambio se muestra compungido y adolorido porque la Contraloría no tiene sede en donde operar, imagínense ustedes, eso sí les preocupa, pero que la justica no funcione es un asunto de poca monta, al punto que lanzan amenazas persistentes y atentatorias del derecho al trabajo y dicen que al regresar de la vacancia judicial, se trabaja o se trabaja, ¡que tal ah! y eso que la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la huelga como un mecanismo para exigir la reivindicación de la clase trabajadora, o será necesario tener asiento en la mesa de La Habana para que los escuchen.
Lo más cómico del caso es la división sindical descarada y evidente al interior de la rama judicial, por cuanto por un lado el sector que dirige el Juez Freddy Machado insiste en mantener el cese de actividades para conseguir sus objetivos, mientras que el sector liderado por el Fiscal Luis Fernando Otálvaro está en desacuerdo, y eso que este último fue quien lideró el paro de 2012 y quien permitió recibir una bonificación salarial, tipo lisonja, que no fuera factor salarial, lo que engendró el monstruo que ahora el país está sufriendo, luego lo más sensato es que el gobierno dialogue con ellos dos y se logre un punto de equilibrio laboral y salarial para que el país salga de ese oscurantismo laboral y para que el gobierno entienda que la justicia debe ser tratada con respeto y dignidad, por cuanto sobre ella se edifica la realidad de un país serio y en paz.