Hace un par de meses alguien intentó irrumpir por la fuerza en mi apartamento mientras estaba trabajando, o por lo menos esa es mi versión, la que hallo respaldada en las muescas de maltrato que quedaron en la puerta y en las bisagras que por la violencia ejercida con algo a modo de palanca terminaron por destemplarse del marco. Ahora con maña y un leve empujón, que antes no eran necesarios, es la única forma en que puedo cerrar mi hogar.
Para la administración de mi edificio la puerta está simplemente "descuadrada" y yo tengo delirio de persecución, por eso para saber de una vez quién de los dos se equivocaba solicité me entregaran los videos de todas las cámaras de seguridad que apuntaran en dirección a mi casa.
Dos semanas después y tras excusas increíbles para su retardo injustificado terminaron confesándome que el circuito cerrado estaba dañado y que desde 15 días antes de mi episodio el sistema de grabación simplemente se detuvo. En resumen, sin videos ni evidencia y con mi perro como único testigo nunca sabré si casi fui víctima de un delito.
Mi sorpresa fue aún mayor cuando esta semana recibí una atenta nota dejada en mi casillero donde la administración me informaba que mis cortinas afectaban la fachada del edificio porque no son el mismo velo amarillo dientes de fumador que tenía el inmueble cuando llegué.
Tengo un ultimátum para bajarlas so pena de pagar $100 000 por mi osadía. Tras 5 años colgadas a sol y sombra mis cortinas se volvieron incómodas, pero que los residentes duren 15 días sin circuito cerrado de vigilancia parece algo de lo más normal para una compañía que se promociona a sí misma diciendo construir bienestar.
En un país donde el arrendamiento es la nota predominante de la economía habitacional y la compra de vivienda es la excepción, no cuentan los colombianos con una entidad gubernamental de control y supervisión sobre los arrendadores.
Bien sean personas naturales o gigantes moles con macro proyectos, las negligencias y abusos de la parte fuerte en este tipo de contratos queda impune porque no existe órgano alguno ante el cual denunciar irregularidades o recurrir multas arbitrarias cuyo monto e imposición dependen del antojo del administrador de turno.
Desde el pago obligatorio de imprevistas cuotas extraordinarias de administración hasta el retrógrado paredón de la vergüenza con el que se vulnera la dignidad de los morosos en las porterías de varios conjuntos, todos conocemos o hemos sido protagonistas de prácticas que con el tiempo se han venido acentuando como costumbre mercantil en el gremio arrendador, pero que a juicio de verdad ameritarían ser denunciadas ante la autoridad competente, si hubiese alguna, obvio, para que ésta intercediera con las investigaciones y las sanciones correspondientes.
Por lo pronto, no me queda más que desmontar mis cortinas y enseñarle español a mi perro para que un día me cuente la versión que las cámaras de juguete de mi edificio no pudieron captar sobre lo ocurrido aquella tarde en medio de la anarquía de la propiedad horizontal que padecemos.
