Escrito por:
Alberto Carvajalino Slaghekke
Columna: El Arpa y la Sombra
e-mail: alberto.carvajalino@gmail.com
En la visita del presidente Santos a Bello (Antioquía), su pronunciamiento de fondo estuvo relacionadaocon el hecho del desastre que cobró vidas humanas, el cual en su opinión, era perfectamente previsible y por lo tanto se pudo evitar.Lo anterior significa que el riesgo de suceder lo que efectivamente ocurrió, era un evento posible y perfectamente mensurable en su probabilidad de ocurrencia.
La situación de riesgo era tan evidente que no existía incertidumbre. Por la gravedad y consecuencias del hecho, dicha declaración no puede pasar desapercibida, ya que implica el reconocimiento de una falla del Estado, no de carácter coyuntural o accidental, sino de carácter estructural, en la medida en que este tipo de eventos se suceden en cada invierno con pérdidas de vidas humanas y económicas de manera reiterativa.
Ante ese hecho uno se pregunta por la inversión de los recursos públicos en la detección y prevención de riesgos,¿dónde están?¿Realmente se invierten las cantidades que se señalan en los informes de gestión de alcaldías, gobernaciones y corporaciones regionales? Y ante los hechos de los últimos días, ¿qué decir de la eficacia de esas inversiones?¿Son realmente efectivas esa inversiones? Las pérdidas en vidas humanas y económicas responden claramente que no. Pero a pesar de la evidencia, la respuesta verdadera subyace en la lógica de los gobernantes, como me lo enseñó un reconocido político que hoy no está en el poder: "Esa inversión no se ve, no tiene efecto político, por eso no es prioritaria".
Hay honestidades que son realmente punibles. Conversé con una persona afectada por la creciente del río y le pregunté si el Estado le había dicho que estaba en zona de alto riesgo y me respondió afirmativamente, pero añadió: "claro que sé que estoy en una zona peligrosa, pero y ¿cómo se hace? si no tengo como comprar nada en un lugar seguro" esa respuesta retrataba de cuerpo entero la lógica abyecta del sistema que elimina posibilidades a los desposeídos y los destierra a asentarse en aquellos lugares donde la ley de la oferta y demanda no opera por no ser objeto de renta.
Las fuerzas económicas de los precios de la tierra los acorralan en los extramuros de la ciudad, en las rondas de los ríos y en las laderas de las montañas, lugares en donde se exacerban las condiciones de riesgo ante la aceleración en la degradación del entorno por los nuevos asentamientos de desplazados, que son como cicatrices que enseñan cómo los seres humanos le arañan a la tierra su derecho a un techo, aunque en ello ponga en entredicho la vida.
Es por eso que es una falla estructural del Estado, porque los Planes de Ordenamiento Territorial señalan claramente las zonas de riesgo, pero el primero en desconocerlo es el propio Gobierno Local. No existe realmente un plan concebido de carácter estructural de vivienda para eliminar la posibilidad de asentamientos en esos sitios, ya que el POT no genera ante las identificaciones de zonas de riesgo, las inversiones a efectuar para disminuir los mismos. La excusa no es la falta de recursos, es también la falta de imaginación para estructurar proyectos mixtos Estado-empresa privada, para enfrentar el problema en escenarios de rentabilidad adecuada, de tal manera que sea atractiva la alianza con el Estado.
Por eso resultan tan grotescos los operativos de desalojo policiales ya que ellos retratan la falta de inteligencia y voluntad de explorar soluciones alternativas. Es hora que los gobernantes rompan el esquema único del logro de recursos desfilando por los ministerios en Bogotá rogando partidas para la región cual mendigo que se acostumbró a una ruta incambiable hasta el último de sus días y sólo conoce esa forma para vencer sus necesidades. La historia nos señala que esa vía no es la correcta porque no es liberadora para la región, hay que tocar otras teclas de la inteligencia.
Es por eso que los daños en el Magdalena han ocurrido donde se preveía que debían ocurrir, eso significa que el diagnóstico fue acertado. Pero la actuación posterior para disminuir o mitigar los efectos, no se materializó en obras eficientes y ello resulta más que irracional, perverso. Basta con mirar el daño al capital privado, la afectación en los empleos agrícolas y en los bienes de los magdalenenses.
¿Quién responde por ello? Los riesgos no se mitigan con bolsas de mercados y llamados presurosos a la solidaridad social para taponar las grietas del torrente de la inoperancia e ineptitud de funcionarios, que teniendo estudios de focalización de riesgos no se aseguraron de la calidad de las obras de prevención o mitigación.
Creo que ante la fuerza de los hechos y siendo este un Departamento que cuenta con uno de los mayores espejos de agua del país representado en su complejo de lagunas y ciénagas, bordeado además por el río Magdalena y con más de doscientos kilómetros de costa sobre el mar Caribe y con una reserva de agua depositada en los casquetes de hielo de la Sierra Nevada que se degradan a una velocidad angustiante, era previsible un efecto como el que hoy vivencia el Departamento.
Por eso resulta urgente e inaplazable diseñar estrategias de mitigación ante el cambio climático, que según los expertos, sus efectos serán cada vez mayores y fuertes, afectando en mayor medida a la población de escasos recursos y a la infraestructura costera. Me pregunto ¿qué tendrían que decir las dependencias responsables de los gobiernos municipales o la Corporación Regional al respecto? ¿Usted les ha escuchado o leído decir algo?