El 25 de septiembre El Espectador publicó una importante noticia en materia de restitución de tierras. El Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de más de 50.000 hectáreas que benefician a más de 7000 indígenas Embera Katío del Alto Andágueda en el Chocó. Esta es una gran noticia, sobre todo porque los pueblos indígenas y las comunidades negras han sido afectados desproporcionadamente por el conflicto armado de nuestro país.
Sin embargo, el reto que enfrenta la Unidad y los Jueces de Restitución es enorme. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la Ley 1448 de 2011 tiene vigencia por diez años, hay más de cuatro millones de personas desplazadas, y hasta ahora se han proferido apenas 500 sentencias de restitución. ¿Qué se debe hacer para enfrentar este reto y garantizar la restitución jurídica y material de sus tierras? Hemos escuchado distintas propuestas. Algunos sugieren permitir que las víctimas contraten a sus propios abogados. Pero, esta opción conlleva el riesgo de dejarlos a merced de abogados inescrupulosos que los estafen. Otros han propuesto añadir una restitución administrativa a la restitución judicial existente, en aquellos casos en que no haya oposición. Sin duda es una alternativa interesante, pero no resuelve el problema de fondo, pues en la mayoría de los casos sí hay oposición a la restitución.
El caso del Alto Andágueda nos ofrece una alternativa: la restitución colectiva. La Ley 1448 de 2011 no regula la restitución para comunidades étnicas, sino la individual. Sin embargo, en dicha ley el Congreso facultó al Presidente para regular los procesos de restitución para éstas comunidades. Así, el gobierno, elaboró los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 en procesos de consulta previa con las comunidades étnicas, en los cuales se creó la figura de la restitución colectiva. Lo que permitió que se les restituyeran, en un solo proceso, las 50.000 hectáreas a los 7.000 indígenas Embera Katío del Alto Andágueda. Este proceso no estuvo exento de dificultades. Sin embargo, la acción colectiva facilita la labor de la Unidad y de los jueces. Hace más fácil la recolección de pruebas en torno al despojo y de los hechos de violencia que motivaron el abandono y facilita la reconstrucción de los linderos. Es una efectiva alternativa para cumplirle a todas las víctimas de este país.
