Muchas situaciones interesantes están surgiendo en diferentes sectores del país, ahora que la discusión sobre la imperiosa necesidad de una reforma tributaria está en el tapete. Queda en claro que el Gobierno se enfrenta a una situación nueva: la Regla fiscal que tanto impulsó hasta que la convirtió en una realidad, le ha impuesto serias restricciones en momentos en que se enfrenta a un hueco fiscal y a grandes demandas de recursos. Es bueno recordarle a Min Hacienda su insistencia cuando se discutía la Reforma tributaria reciente, en que el país no necesitaba nuevos recursos.
Como lo han señalado muchos economistas, es imposible quedarse con la mirada de las necesidades de corto plazo, el hueco fiscal de 12,5 billones de pesos, porque las perspectivas no son positivas. Es evidente que se desinfla el boom de los precios de las 'commodities' y que al debilitarse el sector minero-energético, no existe en el país la manera de sustituirla con producción ni agrícola ni industrial. Tampoco el sector externo es una fuente de esperanza porque nuestro modelo exportador alimentado por la firma de numerosos Tratados de Libre Comercio, se ha convertido en un modelo importador. Lo anterior sin reconocer lo que significaría cumplir con las promesas del presidente Santos en educación, equidad y paz, que nadie realmente sabe cuánto demandarán en términos de recursos públicos, de cambios institucionales y de otras reformas profundas que requerirán nuevos fondos.
La tendencia colombiana de no generar olas y menos en economía y más bien seguir haciendo más de lo mismo, ha llevado al Gobierno a proponer exactamente eso: renovar impuestos que venían y que se suponían debían acabarse y continuar con la línea de hacerle pagar más a la clase media, bajando el límite del impuesto al patrimonio. Y esta es la primera situación novedosa: que los bancos y los empresarios se quejen ante nuevos impuestos es el día a día en el país pero que la clase media se exprese de manera clara y que logre reversar un impuesto que los perjudica, es muestra de que esta democracia puede ampliarse.
Muchos analistas insisten que es hora de que los individuos verdaderamente ricos paguen los impuestos que tocan y ahí surge el nuevo hecho curioso. Existe consenso de que es el impuesto a los dividendos el que realmente captura los ingresos de los verdaderamente ricos que pueden no ser muchos, pero si muy ricos. Pues resulta que lo más interesante es que el Gobierno no quiere hablar del tema por razones obvias, son ellos los que financian las campanas y además tienen y siempre han tenido línea directa con el Palacio de Nariño. Además, y esto es lo curioso, han empezado a surgir datos que tratan de demostrar que ese impuesto no generaría el volumen de recursos que se requieren.
La pregunta obvia es ¿qué se hicieron entonces los súper ricos del país? ¿Desaparecieron con el apoyo de quienes se benefician de su riqueza? Si Colombia quiere ser un país menos desequilibrado, y con recursos suficientes para cerrar brechas y además enfrentar un futuro complejo, estos sectores que se enriquecen cada día más y cuya solidaridad se limita a dar limosnas, tienen que contribuir como se debe, pagando aquellos impuestos que van directamente dirigidos a su riqueza. Será la única forma de que la clase media trabajadora y aquella pobre y vulnerable que constituye 2/3 de la población total, no siga con el peso de financiar al Estado.