A raíz de la discusión del proyecto de acto legislativo que busca reformar el régimen de regalías, se ha puesto sobre el tapete el tema de las vigencias futuras, dado que muchas de las entidades territoriales que las reciben actualmente han apelado a dicho expediente para financiar sus proyectos de inversión. 13 de los 16 departamentos que reciben regalías están endeudados hasta el cogote; en promedio las sumas comprometidas van desde los $1.000 millones anuales de Sucre entre 2009 y 2023 hasta los $72.646 millones anuales del Cesar.
En los casos del Cesar y La Guajira fue el propio Gobierno Nacional a través del Vicepresidente Francisco Santos el que atosigó a las administraciones departamentales de turno hasta lograr que pignoraran buena parte de las regalías para financiar los planes departamentales de agua potable. Es irritante constatar que cinco años después de la firma del crédito la carencia del servicio de agua potable en La Guajira sigue siendo dramática. En este caso como en tantos otros la responsabilidad de semejante despropósito es compartido por el Gobierno Central y las autoridades seccionales.
La Contraloría General ha resuelto demandar las ordenanzas que facultaron a los respectivos gobernadores para comprometer vigencias futuras; en dado caso que dicha acción prospere, habría que establecer quién respondería por las obligaciones contraídas al amparo de dichas facultades y las cuales están respaldadas por las tales vigencias futuras.
Es de anotar que el tema de las vigencias futuras no se circunscribe a los departamentos que reciben regalías; en total son 650 entes territoriales los que comprometieron $16.21 billones en vigencias futuras, suma esta equivalente al gasto de todos los entes territoriales del país en año y medio. Y los entes territoriales con rubros mayores de vigencias futuras no son precisamente los que reciben regalías, la lista la encabezan Cundinamarca con $2.9 billones, Bogotá con $2.1 billones, Medellín $1 billón, Valle del Cauca $$932 millardos, Cali $914 millardos, entre otros. Y ello para no hablar de las vigencias futuras que dejó comprometidas el gobierno anterior por $30.5 billones, rompiendo todos los récords históricos. De modo que a la hora de cuestionar el uso y el abuso que se ha hecho del recurso de las vigencias futuras la tijera debe cortar por parejo, o todos en la cama o todos en el suelo!