Colombia está cruzando por un momento de aciagas circunstancias que mueven a pensar que el escenario de la justicia así como el de la política, y en general el gran escenario social y económico pueden desembocar en una envolvente peligrosa; en el sentido que la sociedad no consensua la orientación innovadora del presidente Santos frente al tema de las Farc.
Se percibe una inclinación política por parte de la Rama Judicial. También se siente una tendencia judicial en la Rama Legislativa del Poder, lo cual permite que la Rama Ejecutiva en cabeza del Presidente de la República le toque afinar su ingenio para armonizar las tres ramas del poder para diseñar una estrategia de gobernabilidad central.
Por otro lado los organismos de control y de participación ciudadana también están saltando la valla al encontrar espacios sobre los cuales, se creía no tenían competencia para actuar, debido a la vaguedad existente en la concepción de las leyes, por lo que las Cortes y Consejo de Estado han tenido que emitir fallos que están sirviendo de apoyo a los abogados y jueces, quienes algunas veces se muestran confundidos al momento de aplicarlas.
Esa no es la manera prevista en nuestro modelo democrático porque fallos de la Rama Judicial están paralelando las leyes aprobadas por la Rama Legislativa. En el lenguaje popular se dice que las Cortes están legislando. El Congreso no legisla sobre determinados temas que las Cortes les han pedido. Por ejemplo, matrimonio de parejas del mismo sexo y el conjunto de temas asociados a ellos.
Como si esto no fuera suficiente, persisten opiniones encontradas, en el sentido de que si las decisiones y solicitudes de Organismos Internacionales deben ser cumplidas, tal cual, por las instancias nacionales. Por ejemplo, el caso de San Andrés, sanciones a la Nación por actuaciones de las Fuerzas Militares y las medidas cautelares para el Alcalde de Bogotá D. C.
Este cúmulo de circunstancias está haciendo mella en la opinión nacional, lo cual hace que no parezca extraño que altos funcionarios del Estado están abandonando el país y desobedeciendo la justicia colombiana bajo el argumento de que las garantías para una justa defensa no son como deben ser.
La publicidad oficial del proceso de paz está generando escepticismo, más que confianza en el resultado final del evento, porque el gobierno divulga lo que está llevando a cabo con algunos detalles de éxito parcial en cada tema, pero existen declaraciones de la otra parte, afirmando menor logro del que se había expresado, y lo peor, contradiciendo lo que dice el gobierno. Por ejemplo, cesación de armas y no entrega de armas; pena con cárcel en vez de pena no privativa de la libertad; participación en política, reconocimiento de víctimas y otras más.
Lo más importante es que todo lo acordado deberá someterse a votación popular para que pueda darse trámite ejecutivo a cada uno de los puntos discutidos y aceptados por las partes. Se cree que durante el cumplimiento de los lineamientos de política se apacigüen los ánimos y se ejecutar el proceso de la paz tal como la ha diseñado el presidente Santos.
Mientras tanto debemos actuar con cautela frente al tema del pos conflicto porque en realidad todavía falta mucho trecho por andar como para pensar en una metodología operativa para el caso. Quienes de esto se están entusiasmando, mejor que se serenen y pongan los pies sobre la arena de la playa porque a lo lejos algo flota sobre el agua.
