El desafío es lograr equilibrio sin impunidad. La nueva propuesta del presidente Santos de volver al equilibrio de los poderes a través de un reajuste institucional, debe permitir en términos concretos, acentuar la democracia de este país y cerrar definitivamente la puerta a la lógica mafiosa empotrada en el Estado colombiano. Ese es el gran reto de la reforma constitucional.
El nuevo proyecto de ley, contiene varias propuestas como la eliminación de la figura de la reelección presidencial, la separación de las funciones electorales y judiciales de las altas cortes y la supresión del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, el reto más importante que enfrenta esta propuesta, está en garantizar sanción para todas aquellas conductas que constituyan provecho indebido a través de bienes o instituciones del estado; me refiero concretamente a las propuestas de ampliar la sanción de Silla Vacía a delitos contra la administración pública y de modificar las funciones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara con el fin de dejar en manos de un calificado "tribunal de aforados" la investigación y sanción de los Magistrados de las Altas Cortes, el Procurador, el Contralor y el Fiscal.
La gobernabilidad es un tema fundamental para la arquitectura estatal que exige acabar con la impunidad. No es posible que haya municipios y departamentos en Colombia que enfrentan serias crisis de legitimidad y de desconfianza por parte de los ciudadanos, debido a hechos de corrupción que aún no han sido sancionados. Por eso, es necesario combatir la Corrupción con mayúscula: para que no se sigan cobrando altos peajes a las obras e iniciativas de desarrollo social y para que cada funcionario, entienda que su cargo es público, y que su título le impone la obligación de "servir" y no de "servirse".
Así tal vez, lograremos que el nuevo equilibrio de poderes, roto intencionalmente por el gobierno anterior, consolide en Colombia una cultura de respeto por lo público a todo nivel, desde lo local a lo nacional, para que se pierda el miedo a la descentralización y se rompa con el estigma del mal manejo administrativo en las regiones y por el contrario, se diseñe un modelo que finalmente, cumpla con confianza, la promesa de autonomía departamental y municipal que dejó escrita la Constitución de 1991.
