Colombia en los actuales momentos se encuentra tramitando un panorama futuro verdaderamente grave e imprevisto, muy distanciado a un proceso real, sujeto a integridad, coherencia y articulación; nos referimos a la premeditada y desde hace mucho tiempo concebida reforma constitucional por el ejecutivo nacional, al pretender con interés especial aumentar el periodo de mandato de los diferentes integrantes de cuerpos colegiados a saber: Concejos, Asambleas, Alcaldes, Gobernadores, Cámara, Senado; igual a entidades de control disciplinario y fiscal, eliminación de algunos entes y creación de otros.
Bajo este controvertido y polémico proyecto de Acto Legislativo que pretende modificar nuestra Constitución, surge el interrogante: Si el Congreso de la República en pleno a quien se le pondera la facultad de dirimir la propuesta de elevar a uno o más años el periodo de los elegidos: ¿Quién de los congresistas se opondría a esta iniciativa?; acaso este periodo de ganancia y por fuera del proceso de elección democrático no representa sustantivo provecho para cada uno de ellos? ¿Podría decirse que este lapso adicional involucrado en la propuesta, fue concertado, con el constituyente primario?, es obvio que no. En virtud a este proyecto, la academia, periodistas, columnistas y personas disconformes en general, estamos obligados a trazar un horizonte de verificación a esta criticada y mediática propuesta; por ello no es solo ahora útil y necesario sino también urgente, impulsar acciones que permitan ejercer un liderazgo categórico y de connotada articulación e interlocución que priorice estrategias pertinentes a las inconformidades y desacuerdos, que avalen un criterio de descontento o haga permisible la restructuración y trasformación integral de nuestra sociedad. No debe seguirse fortaleciendo la dosis de ingenuidad por parte del individuo y la sociedad que intenta con prudencia ser un intérprete de los temas cotidianos y trascendentales, más bien asumirla como una opción de alternativa para superar conflictos y abrir caminos que conduzcan a vivir civilizadamente. No hay duda alguna que esta es una insensata y provocadora propuesta que corroe, destruye y deslegitima la confianza. En tal sentido urge hoy más que nunca que el ciudadano de a pie adopte el rol de un papel valiente y determinante que facilite enfrentar con experiencia y decisión este triunfalismo arrogante. Ante este mar de indignación y rechazo que ya suele escenificarse en toda la nación con malestar, corresponde al Congreso ceñirse a las directrices y normatividad de la Constitución colombiana que involucre la voluntad del soberano constituyente primario y no dar aval a desafueros ajenos al engranaje democrático digno y respetable.
Podría decirse que este es un notorio suceso atrapado en una lógica aberrante que entrelaza perspectivas, que nos obliga a renovar energías y alinear con lucidez un proceso manifiesto de quejas y reclamos, una especie de impulso integrador que nos ayude a estimar el diagnóstico del hecho referencial; en otras palabras este es un proyecto de Acto Legislativo complaciente y engañoso. A todo lo anterior se adiciona la adopción de un proceso de diálogo articulado que fortalezca un elevado grado de decisión e interlocución de la comunidad mediante canales precisos que con voz firme respondan de manera clara al desafuero y desajuste institucional que malogra actualmente los intereses de la sociedad. En síntesis se requiere declarar el rumbo exacto, basado en una convicción sólida y persevante que avizore con prevención la intencionalidad perversa de torcer la norma o acondicionarla por intereses malsanos.
