Sobre los informes de la 'Mata Hari'

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Escrito por:

Saúl Hernandez Bolivar

Saúl Hernandez Bolivar

Columna: Opinión

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El tema de las chuzadas del DAS ofrece cuadros tan folclóricos que no clasificarían ni para una novela negra de espionaje, de esas cuyo mayor exponente tal vez siga siendo John Le Carré. A manera de ejemplo mencionemos que Manuel Pinzón, ex conductor del magistrado auxiliar Iván Velásquez, asegura que consiguió copias de importantes expedientes de la parapolítica ofreciendo su cooperación desinteresada en el manejo de la fotocopiadora. Difícil imaginar un conductor de altas instancias públicas o privadas, sacando copias de documentos delicados y recibiendo como pago frascos de suplementos naturales y ollas arroceras.

De esos disparates, que riñen hondamente con la sicología criminal, es de donde surgen las dudas de muchos con respecto a la autenticidad de este escándalo, pues hay razones para creer que las cosas no ocurrieron como se han ventilado. Y es preferible pensar que se trata de un escándalo magnificado, casi imaginario, porque de ser cierto lo que publicó el periódico El Espectador bajo el título 'Los informes de la Mata Hari' (30-10-2010), los que quedan muy mal parados son los honorables magistrados, pues estos supuestos informes -que no han sido desmentidos- demuestran que había una grave persecución contra el Presidente de la República.

Hay anotaciones que demuestran la animadversión de algunos magistrados hacia Álvaro Uribe, como una del 9 de mayo de 2008, donde se atribuye al magistrado Yesid Ramírez Bastidas la siguiente sentencia: "No tengo duda que el Presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte"; o esta del 29 de mayo, en la que el magistrado Arrubla Paucar hizo un comentario que explica las actuales dificultades para nombrar Fiscal: "…perverso sería dejar que el presidente Uribe mande una terna, no va a desaprovechar la oportunidad de mandar tres amigos que acomodan todo a su manera".

Una de las más graves revelaciones está contenida en el supuesto informe del 4 de junio de 2008, en el que se advierte que al magistrado auxiliar Iván Velásquez lo han encargado, en exclusiva, de buscar pruebas de paramilitarismo contra el presidente Uribe. Se asegura que la Corte lo envió a Medellín a recaudar pruebas que aportaría el paramilitar 'H.H.', pero que este no entregó nada. Sin embargo, se afirma que Velásquez no estaba de acuerdo con la Sala Penal "en el sentido de la búsqueda de pruebas que comprometan al Presidente con estos grupos", por lo que habría expresado: "Estoy pensando seriamente en renunciar, estas cosas no me gustan…". Y no podían gustarle sencillamente porque eso es un delito: la CSJ no tiene competencia para investigar al Presidente; si lo hizo, sus integrantes deberían ir a la cárcel. Eso explicaría porqué han intentado ambientar ese adefesio de que estamos "en el siglo de los jueces".

Ya el 23 de mayo, el magistrado Sigifredo Espinosa había manifestado que tenía "informaciones de que el DAS está persiguiendo y que eso será la estocada al Presidente". El 13 de agosto, hablando por celular, le dijo a alguien que "Así se me vaya todo el período de mis 4 años que me hacen falta, voy averiguar todo con respecto a la fuga de información, porque estoy seguro que el DAS está detrás de todo esto, porque así como el Presidente está haciendo esto, pues va a tener sus escándalos y mientras que el doctor Iván Velásquez sea la piedra en el zapato para el (Presidente) hay (sic) lo vamos a tener". Y el 11 de septiembre habría advertido, el mismo magistrado Espinosa, "que al presidente Álvaro Uribe lo sacaba del poder. (…) que el Presidente era un falso, una vergüenza (para) Antioquia, que (…) toda la Corte está en contra de él".

En realidad, para saber que la CSJ era parte de la oposición del gobierno anterior, no era necesario infiltrarla, bastaba con ver sus actuaciones y leer las declaraciones a la prensa. La mayor parte de las revelaciones conocidas hasta ahora en este escándalo, son banalidades que no hubieran merecido tanto esfuerzo, y que no permiten conjeturar un argumento sólido que explique el porqué de esta supuesta empresa criminal. Se habla de desacreditar a la Corte, pero ella sola lo hace muy bien; y el presidente encargado, Jaime Arrubla, dice que esto es producto de mentes perturbadas que procuran intimidarlos. Pero, ¿para qué? Por eso, es más saludable pensar que todo esto es ficción; de lo contrario, puesto que el informe de El Espectador no ha sido impugnado, habría que entender que la Corte ha estado delinquiendo y conspirando contra la democracia colombiana.

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