El hombre del billón de pesos

Columnas de Opinión
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No cayó nada bien en las organizaciones campesinas del país el nombramiento del cuestionado expresidente de Finagro, Cesar Pardo, como Gerente del Pacto Agrario. En la columna pasada informé al ministro de agricultura de la inconveniencia de esta designación por las razones que a continuación expongo.
El año pasado, el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República, José Miguel Char, en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80183-064-629, firmó un fallo contra Cesar Pardo declarándolo fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por la suma de $2.834.599.645, por haber desarrollado una gestión fiscal antieconómica e ineficiente generando un daño al patrimonio de Finagro cuando se desempeñaba como presidente de dicha entidad.
En la entrevista del pasado 29 de marzo al Espectador, el señor Cesar Pardo, afirmó que ese fue un "proceso absurdo en el que se le vinculó después de haber salido de la presidencia de Finagro en octubre de 2005, cuando los hechos investigados eran de noviembre y diciembre de ese año".
Claramente, el señor Cesar Pardo le mintió al país, a las organizaciones campesinas y al inocente ministro de la cartera agraria, porque según consta en el fallo proferido por el Delegado Anticorrupción de la CGR, si fungía como presidente de Finagro para la época de los hechos en cuestión (12 de octubre de 2005). Si bien es cierto que el proceso prescribió por vencimiento de términos, ello no lo exime de la censura moral.
En dicha entrevista, también pretendió restar importancia a la investigación y formulación de pliegos de cargos que le ordenara la Procuraduría General de la Nación cuando fue presidente del Banco Agrario por la presunta irregularidad en la vinculación de personal con violación a la legislación laboral contenida en el articulo 6 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50 de 1.990. Extrañamente la investigación fue archivada.
Pues esta es la persona que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde ha designado para ejecutar el billón de pesos que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha destinado para invertir en lo que resta del año, en proyectos campesinos para mejorar el bienestar, ingreso y capacidades para el desarrollo rural y agropecuario. Delicado encargo.
El mecanismo que escogieron para la ejecutar el billón de pesos -que aportamos los colombianos con el impuesto del 4x1000-, son los ineficaces y cuestionados Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), unos burócratas expertos en gastarse los dineros públicos en proyectos agrícolas y ganaderos ineficientes y poco rentables.

La solución es instituir los POT rurales para establecer el uso y vocación de los suelos de los municipios y organizar las escuelas de emprendimiento rurales que proporcionen a los jóvenes campesinos contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la corrección de sus propias ineficiencias y que den prioridad al entrenamiento y desarrollo de habilidades más que a satisfacer intereses individuales de negocio.
Si el Gobierno Nacional no revisa este delicado tema, el año entrante veremos el billón de pesos invertidos arrumes de tractores desvalijados, cultivos ineficientes, campesinos igual de pobres y al gerente del Pacto Agrario envainado nuevamente con los organismos de control.

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