En Colombia a quien cuestione las políticas del Gobierno lo tildan de uribista o simpatizante del Polo. A mí me colgaron hace rato un letrero en el pecho de factible uribista por denunciar los continuos desaciertos de los ministros de Agricultura de esta administración. Les quiero informar que a pesar del desprestigio de mi partido, aun me corre el azul de metileno por la sangre.
Lo que sucede es que el presidente de la República a veces no le deja a uno opción distinta a hacer llamados de atención. Fíjense esto por ejemplo: en menos de un mes anunció que el ex codirector del Banco de la República, Juan José Echavarría está diseñando el modelo de competitividad de la caficultura para los próximos 20 años; que el ex ministro José Antonio Ocampo va a estructurar el portafolio de políticas públicas para el campo colombiano; que el Dane está adelantando el censo agropecuario para poder tomar las decisiones correctas en materia de política agropecuaria (también para los próximos 20 años) y que el ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde acaba de lanzar otra propuesta de revolcón institucional para incrementar el PIB y duplicar el área sembrada en los próximos 10 años.
Aquí entre nos, considero que todos estos anuncios son una cortina de humo para ocultar el fracaso de los tres ministros de Agricultura de este Gobierno en el cumplimiento de las metas de crecimiento productivo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Así traten de maquillar la foto en Instagram, la situación del agro en Colombia es de incertidumbre, ineficiencia y de falta de rentabilidad. La mayoría de nuestros agricultores y ganaderos están quebrados por falta de instrumentos públicos eficientes en la aplicación de tecnología, financiamiento, cobertura de riesgo y comercia-lización de sus producciones.
El ejemplo más claro de este despelote institucional es el siguiente: hace dos años le presenté al Gobierno una propuesta para el manejo del riesgo agropecuario que contenía los siguientes puntos: 1) Crear una Agencia Nacional de Seguros Agrarios como órgano de coordinación y enlace para las actividades vinculadas al seguro agrario. 2) Conceder subvenciones del 80% sobre el costo de la prima a los productores que contrataran la póliza de seguro. 3) Ofrecer coberturas multiriesgos, seguros de rendimiento e incluso seguros de ingresos. 4) Realizar una gestión ante las compañías aseguradoras para crear un consorcio bajo el sistema de Coaseguro, para gestionar todo el sistema de seguro agrario en Colombia.
Parece ser que la propuesta fue a parar al despacho del presidente Barack Obama, porque en la Ley de Gastos de Agricultura -que promulgó el pasado 7 de febrero- expandió el seguro federal sobre cosechas y puso fin a los pagos directos del Gobierno a granjeros.
Mientras tanto nuestro Ministro de Hacienda ha tenido que girar más de 2.8 billones de pesos en subsidios directos a cafeteros, paperos, etc., para cubrir las pérdidas ocasionadas por variación en el clima y fluctuación de precios de mercado.
El esquema de seguros que montaron sólo les permitió asegurar unas 60 mil hectáreas de 4 millones cosechadas en el país. De cada $100 de primas emitidas, $70 se destinaron al pago de siniestros, $30 al pago de gastos de administración y $4 a comisiones, configurándose una perdida técnica.
Cuánto quisiera no volver a cuestionar las medidas del Gobierno Nacional, lastimosamente las improvisaciones de sus funcionarios no me lo permiten. Qué despelote!