Esta semana hubo un hecho que causó indignación entre los caleños y desconcierto en el resto del país. Cali, la sede natural para la firma del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico fue cambiada por Cartagena.
Para nadie es un secreto que este cambiazo del Gobierno Nacional obedece al disgusto con las autoridades locales por la incapacidad de contrarrestar la ola de inseguridad que está azotando a la ciudad. Sobre todo porque es la ciudad que mas recursos ha recibido en materia de seguridad.
En el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el Valle del Cauca presenta las tasas más altas en homicidio, secuestro, extorsión y desplazamiento forzado del país. Estos actores de violencia (narcotráfico, oficinas de cobro, bandas de extorsión y secuestro, pandillas, etc.), se han ido estableciendo en las comunas de los barrios marginales de la ciudad desde donde coordinan toda su operación delincuencial. Obviamente esta situación ha afectado la tranquilidad de los caleños, el turismo y la inversión empresarial.
El problema de la inseguridad en Cali, al igual que en Barranquilla, Bogotá o cualquier ciudad del país, obedece a la falta de oportunidades de educación y un empleo digno y sostenible para esas miles de familias que han sido desplazadas por la violencia en las zonas rurales. Más que medidas represivas por parte de la policía, los alcaldes y el Gobierno Nacional, deberían inyectar más recursos en centros de prevención, formación y emprendimiento empresarial.
Los 2.134 menores de edad que conforman 134 pandillas en Cali, solo dejarán de transgredir las leyes, si encuentran oportunidades de desarrollar sus conocimientos y habilidades culturales y empresariales. En Cali -como en las demás ciudades capitales del país-, hacen falta mas alianzas público-privadas como la creada por la Fundación Alvaralice, para construir mas Tecnocentros Culturales para proveer servicios de tecnología y cultura a esas familias que están asentadas en los barrios o comunas con carencia de amoblamiento urbano, altos índices de violencia, desempleo y falta de oportunidades para el esparcimiento y la recreación.
Si se replica y se fortalece este tipo de programas, seguramente lograremos reducir en un gran porcentaje la triste estadística de los 2.028 jóvenes detenidos por la Policía de Cali el año pasado. Me cuentan que el Tecnocentro Cultural "Somos Pacífico" presta servicios de manera directa a 5.000 familias y de manera indirecta a 100.000 personas que habitan en la comuna 21 de Cali.
Las políticas públicas en materia de prevención y protección de los derechos humanos, de seguridad y oportunidades de empleo, de nada sirven si no se ejecutan bien.
Los instrumentos, los recursos y la solidaridad del sector privado están ahí, solo falta el compromiso y la determinación de las autoridades locales.
Sin intención de ser moralista, el mundo es mejor si nos ayudamos los unos a los otros. Los caleños merecen el apoyo y solidaridad de todos los colombianos.
Hoy por ti, mañana por mí.