Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Descubriéndola. Redescubriéndola. Así se la pasan muchos en este país con tan variados asuntos del menú del día nacional; hoy, por ejemplo, se pone en tela de juicio la legitimidad -y aun la "estricta" juridicidad- de la acción de tutela, con ocasión de la Tutelatón bien promovida en Bogotá por los amigos de Petro, quienes proyectaron eso quizás para propiciar la revisión extraordinaria de las demandas acumuladas en la última instancia constitucional, la Corte, con todo el tiempo suspendido que ello implicaría, eventualmente.
Buena estrategia. Ahora bien, con ese río revuelto que es el ordenamiento jurídico colombiano desde que la República es República, los pescadores que quieren salir gananciosos de todo esto andan diciendo oportunistas que claro, que la culpa no es sino de la tutela, instrumento mal pensado, mal copiado del recurso de amparo español, que ahora no se sabe bien cuándo sirve, quién lo puede solicitar, qué fin tiene, etc.
Entonces, según los enemigos de la tutela, la culpa de que la justicia sea lenta, improductiva y corrupta es de la Constitución Política, y no de los legisladores comprados, operadores judiciales ineptos, abogados vendidos y doctrinantes vacíos, todos ellos enemigos, esos sí, del pueblo colombiano. Los colombianos han aprendido que "la justicia no sirve para nada", y que eso de arreglar las cosas "de manera civilizada" tal vez funciona en otras partes, pero no aquí. Y ahí vienen los muertos. En tal escenario pesimista surgió una respuesta increíble en un país de éstos, condenado a fracasar: los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos. Y así, el Constituyente de 1991-no sé bien cómo pudo ser eso- incluyó en la Carta todo un catálogo de treinta derechos iníciales (pasibles de ser conectados con otros, inicialmente menos apremiantes), y además, fijó la forma de hacerlos efectivos, en diez días, garantizando su cumplimiento, y todo dentro de un espíritu democrático que aún en esta época, veintitrés años después, todavía espanta a los espantosos de la extrema derecha, que es la única derecha que hay en Colombia.
¿Cómo puede ser culpa de la tutela el problema que ella ha querido, justamente, resolver: la ausencia de justicia material? Ahí hay una sofisticada elaboración sofista. Pues no es cierto que el mecanismo que, posiblemente, ha evitado que haya una guerra civil en Colombia sea el responsable de que la justicia ordinaria sencillamente no funcione, o que sea un privilegio del que tiene plata para comprarla. No: la tutela no tiene la culpa de que en Colombia los derechos humanos signifiquen tan poco como para que moleste a tanta gente su protección; y tampoco tiene la culpa de que la respuesta jurisdiccional no satisfaga las necesidades sociales, por decirlo amablemente. ¿Por qué la tutela es la causante de un desbarajuste institucional -sabrá Dios lo que eso significa-, cuando el señor procurador general de la Nación ha sido el único en intentar prostituir a la Constitución Política, interpretándola a su antojo, sin tomar en cuenta todos los elementos jurídicos y sociales que rodean la potestad de sancionar disciplinariamente? Ojo avizor con los avivatos: si usted es de los que no cree en la jerigonza de los venales del derecho, atento, que, otra vez, aprovechando el momento, quieren acabar con lo único que honra al pueblo colombiano como tal. (A pesar de que el callado Santos la quiera dejar sin efectos reales, por la vía "institucional" de la legalidad. Pero ese tema queda pendiente).