Como es de gratificante ver a nuestros organismos de control ejerciendo sus funciones de manera oportuna y eficaz. No habían transcurrido tres días, cuando recibí de la señora Contralora Sandra Morelli, la respuesta a una petición que hice la semana pasada sobre el manejo poco eficiente que el Ministerio de Agricultura le viene dando a los dineros públicos destinados a brindar asistencia técnica a pequeños productores del campo.
Los hallazgos o cuestionamientos que la Contralora describe en 21 folios, son igual o peor de graves a los encontrados por el Procurador Alejandro Ordoñez en el ineficaz modelo de recolección de basuras implantado por el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Tratándose de campesinos indefensos, es procedente que el señor Procurador inicie una investigación a los responsables de la implementación de estos programas de ayudas al campo.
En el informe de auditoria al Ministerio de Agricultura se evidencia que el programa Desarrollo Rural con Equidad -DRE- que tiene un presupuesto de 600 mil millones de pesos, no cuenta con indicadores de gestión, de resultados y mucho menos de impacto sobre las inversiones que el gobierno dice haber realizado en distritos de riego, ICR, reforestación y asistencia técnica rural entre otros.
Grave el asunto. Si el Procurador llegare a ordenar a sus funcionarios recoger los testimonios de los campesinos que teóricamente fueron beneficiados con esos subsidios, puede llevarse la misma sorpresa del Ministerio de Educación con los subsidios de los alumnos fantasmas que se inventaron en unas regiones.
Otro cuestionamiento delicado que la Contraloría hace en dicha auditoría, es la falta de idoneidad y eficacia de Finagro para ejecutar dichos incentivos. Para nadie es un secreto que Finagro -cuyo objeto principal es la financiación de las actividades del sector agropecuario-, le han colgado la ejecución de estos dineros con el único propósito de brincarse el régimen de contratación pública.
Esta fue la herencia que dejaron Andrés Felipe Arias y Juan Camilo Restrepo. Lo más insólito, es que sus cuotas burocráticas siguen ahí administrando y decidiendo sobre la ejecución de estos subsidios.
Es hora que el Gobierno Nacional y los gremios de la producción agropecuaria evalúen y rediseñen la operatividad de estos incentivos a los productores. Hay que volverlos ágiles, sin peajes y con impacto en el crecimiento y la productividad agropecuaria.
De nada sirve por ejemplo, que el ICA siga gastándose más de 112 mil millones de pesos anuales en control de plagas y enfermedades en animales si con ello no está logrando que nuestros productos sean admisibles en el exterior. El Incoder se gasta más de 100 mil millones de pesos anuales en proyectos de desarrollo rural y los beneficiarios siguen sumergidos en la ineficiencia y la pobreza.
Los organismos de control están haciendo su tarea y nuestro deber como ciudadanos es respaldarlos. Sus actuaciones frente a las negligencias y malos manejos de los dineros públicos en Saludcoop y las basuras en Bogotá, deben ser aplicadas a los responsables de la ejecución de los programas de ayudas al campo.